¿Se moralizará la PGR

con la llegada de Morales?

Históricamente -lo prueban desde la simple percepción popular hasta estudios especializados de institutos académicos-, uno de los más grandes déficits de la convivencia y el desarrollo nacionales se halla en la procuración y administración de justicia.

Particularmente en el gobierno de Felipe Calderón, una constante que prima la guerra contra el crimen organizado son las denuncias del jefe del Poder Ejecutivo contra jueces federales a los que imputa conductas que auspician la impunidad; denuncias a las que han salido al paso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes a su vez sostienen que las consignaciones del Ministerio Público adolecen de deficiencias e irregularidades que hacen imposible otorgar las sentencias promovidas por los fiscales.

Evidentemente, ese intercambio de recriminaciones no resulta en la solución deseable al conflicto entre ambos poderes de la Unión. En abono del Poder Judicial de la Federación, ha de reconocerse que se han dado pasos significativos para hacer presentable la imagen de la justicia en México. La formulación de un Código de Ética al que deben ceñirse los juzgadores federales,  ha sido acompañada con acciones de control administrativo que, salvo por excepción, ofrecen un mejor balance en el desempeño de esas instancias.

No ha ocurrido lo mismo en la Procuraduría General de la República (PGR),  por la que han pasado ya en lo que va del sexenio dos titulares y asume ahora la ex procuradora de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, Marisela Morales. Sobre la gestión de esta funcionaria pesan sospechas de subordinación a consignas políticas con tintes electorales (los escandalosos casos de Michoacán y Quintana Roo, por ejemplo); “pérdida” de testigos protegidos o colaboradores, no localizados al ser requeridos por juez para que ratifiquen declaraciones que sirvieron de base a acusaciones ministeriales, etcétera.

Más grave aún: Antes de la renuncia del ex titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez y la ratificación de Morales, se destapó la más inmunda cloaca en la historia de esa dependencia,  en la que aparecen implicados en actos de corrupción -la venta de protección al mejor postor, no es el menor de los casos-  desde actores de alto mando  hasta empleados de mediana jerarquía. Creer en la recta procuración de justicia frente a ese execrable espectáculo, es un imperativo difícil de acreditar.

En la comparecencia de Morales ante comisiones del Senado, para efectos de ratificación de su nombramiento, la cuestión más debatida fue la de la autonomía de la PGR respecto del jefe del Ejecutivo, habida cuenta la contradicción entre lo que establece la Constitución y lo que dice la Ley Orgánica de la propia procuraduría; cuestión, sin embargo, que se trató como un mero tópico y no como propósito fundamental de lograr congruencia entre un mandato constitucional y una legislación secundaria. Morales prometió actuar con independencia, tratando de deslindar en la relación con el Presidente acuerdos de carácter administrativo de actuaciones de orden sustantivo.

Por supuesto, no se podía esperar otro tipo de respuestas de la funcionaria interpelada. Como lo propone el clásico, antes de verla en funciones se le puede conceder el beneficio de la duda. Lo que es inadmisible es que los senadores comisionados -como algunos lo hicieron al allanar el nombramiento anterior en favor  de Chávez Chávez- tengan que decir que autorizaron la designación antes que esperar una nominación peor.