MA. ESTHER PIÑA SORIA

En los últimos años, los más notorios hechos de corrupción en los que se han visto involucrados tanto funcionarios como empresarios, se han dado a conocer a la opinión pública mediante grabaciones de video o audio realizadas con todo tipo de tecnología, desde la más sofisticada y accesible sólo para determinados círculos del poder político o económico, hasta las que se hacen con los medios más rudimentarios de los que todo mundo puede disponer.

Que estas grabaciones sean obtenidas por medios ilegales no ha representado ningún obstáculo para que diversos medios de comunicación las den a conocer en sus respectivos espacios.

Se puede discutir sobre la ética periodística que hay detrás de esta difusión y los argumentos en uno y otro sentido tendrán igual validez; independientemente de su origen, si lo grabado puede ser de interés para la opinión pública, el periodista está obligado a darla a conocer, tocará en todo caso a las autoridades investigar sobre el hecho denunciado por estos medios.

Otra cosa es cuando las autoridades en lugar de hacer su trabajo de investigar, filtran grabaciones que deberían formar parte de un expediente que, por su propia naturaleza, debería mantenerse como confidencial hasta en tanto no se pudieran fincar legalmente responsabilidades.

Desde la aparición estelar del “señor de la ligas”, pasando por el “gober precioso” y el presunto “dipu-narco” hasta el más reciente que involucra al Seguro Social, estos materiales forman parte ya del cotidiano informativo en nuestro país.

Cualquiera que haya sido el medio o los personajes involucrados, las grabaciones tienen mayor o menor impacto entre el auditorio dependiendo del nivel de corrupción que el ciudadano de a pie puede suponer existe para que algunas cosas que de no deberían ocurrir estén pasando.

Lo de hoy, y va a durar un tiempo en los medios, tiene que ver con supuestos actos de corrupción para la adquisición de medicinas por parte del Seguro Social.

Que el público crea que esto puede ser cierto no es gratis, están presentes los recientes actos de corrupción de un alto funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, documentados, probados y confesos… pero en Estados Unidos, porque hasta ahora el ex directivo de la CFE se pasea tranquilo por las calles porque la PGR no ha iniciado acciones en su contra.

Puede lo de ahora ser incluso una mentira verdadera, porque lo que todo derechohabiente del Seguro Social o de cualquier otra institución pública de salud sabe, es que las medicinas que necesita y recetan en la propia institución no están en existencia, que es inútil formarse porque sencillamente nunca los hay.