El FBI y la criminalización de la disidencia

AMY GOODMAN

La madrugada del viernes 24 de septiembre, en las ciudades de Chicago, Minneapolis y St. Paul, agentes del FBI irrumpieron violentamente a punta de pistola en varios hogares de activistas contra la guerra, y pasaron horas requisándolos. El FBI confiscó computadoras personales y portátiles, fotografías y otros efectos personales. Los activistas recibieron citaciones para comparecer ante un gran jurado en Chicago. Se trata del más reciente incidente en la actual ofensiva contra la disidencia en Estados Unidos, que persigue a activistas por la paz acusándolos de apoyar a “organizaciones terroristas extranjeras”.

Coleen Rowley conoce bien al FBI. Fue la agente especial de carrera del FBI que reveló las fallas de la Oficina en la etapa previa a los atentados del 11 de septiembre. La revista Time la nombró “Persona del Año 2002”. Días después de los allanamientos en su ciudad natal, Minneápolis, me dijo: “No es la primera vez que se ve esta escena orwelliana de orientar la guerra contra el terrorismo hacia grupos pacifistas y de justicia social de Estados Unidos. De hecho esto comenzó inmediatamente después del 11 de septiembre y hubo dictámenes jurídicos y de la Oficina del Consejero Jurídico que decían que la Primera Enmienda ya no controla la guerra contra el terrorismo. Pero aún así, es alarmante que, en este momento, nuestros grupos humanitarios estén siendo tratados como de algún modo defensores de terroristas”.

La casa de Jess Sundin fue una de las allanadas. Jess fue la principal organizadora de la marcha contra la guerra en St. Paul, Minnesota el Día del Trabajador de 2008, que tuvo lugar cuando comenzaba la Convención Nacional Republicana. Describió el allanamiento: “El viernes por la mañana me desperté al escuchar que golpeaban fuertemente mi puerta. Cuando bajé las escaleras, había seis o siete agentes federales dentro de mi casa, donde mi pareja y mi hija de seis años ya estaban despiertos. Nos dieron la orden de allanamiento y revisaron toda la casa. Pasaron probablemente cuatro horas revisando todos nuestros efectos personales, cada libro, papel, nuestra ropa. Llenaron varias cajas y cajones con nuestras computadoras, teléfonos, nuestros pasaportes. Y cuando terminaron, como dije, tenían muchas cajas llenas con mis objetos personales y se los llevaron”.

Cuando ingresaron por la fuerza en el hogar del activista Mick Kelly el fin de semana pasado, los agentes del FBI destrozaron la pecera que tenía en la entrada. El blanco del FBI esa mañana incluyó no solo a activistas contra la guerra, sino también a quienes apoyan activamente una política exterior diferente hacia Israel-Palestina y Colombia. En el allanamiento de Kelly, el FBI buscó todos los registros de sus viajes, no solo a esos países, sino también de todos sus viajes dentro de Estados Unidos desde 2000, y todos sus contactos personales.

Nadie fue arrestado luego de estos allanamientos. Nadie fue acusado de ningún delito. Días más tarde, cientos de manifestantes protestaron frente a las oficinas del FBI en todo el país.

Los allanamientos sucedieron apenas días después de que el inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara un informe titulado “Revisión de las investigaciones del FBI sobre grupos nacionales de apoyo a diversas causas”. El inspector general investigó la vigilancia e investigación del FBI de, entre otros, el grupo ambientalista Greenpeace, People for the Ethical Treatment of Animals (Gente por un Trato Ético a los Animales), y el Centro Thomas Merton de Pittsburgh.

El Centro Merton fue fundado en 1972 con el objetivo de apoyar la oposición a la guerra de Vietnam, y continúa siendo un centro focal del activismo contra la guerra en Pittsburgh. En 2002, el FBI espió una manifestación organizada por el Centro, afirmando que “personas vinculadas al terrorismo internacional estarían presentes”. Como informa el inspector general, esta afirmación fue un invento, que luego fue transmitida al Director del FBI Robert Mueller, quien la repitió bajo juramento ante el Comité Judicial del Senado.

La vigilancia ilegal habitualmente está a cargo de los llamados “centros de fusión”, los misteriosos centros de inteligencia transjurisdiccional de las “Fuerzas de Tarea Conjuntas contra el Terrorismo”, que reúne a los cuerpos de policía federal, estatal y local, los organismos de seguridad nacional y agencias militares. Allí parece que es común colocar la etiqueta de “terrorismo interno” a los activistas.

Recientemente, el gobernador de Pennsylvania, Ed Rendell, tuvo que disculparse públicamente cuando se reveló que su Director Estatal de Seguridad Nacional, James Powers, había contratado a una empresa privada para investigar y distribuir información sobre grupos de ciudadanos involucrados en actividades lícitas. Los grupos, que se oponían a la extracción de gas natural mediante el método conocido como “fracturación hidráulica”, ambientalmente muy destructivo, fueron descritos como “extremistas ambientales”.

Su delito: proyectar el documental Gasland, ganador de un premio en el festival de Sundance.

El gobernador Rendell dijo: “Pido disculpas a los manifestantes contra la planta Marcellus Shale, pido disculpas a los contribuyentes que participaron en las protestas, pido disculpas al Festival del Orgullo Gay. Pido disculpas a todos los nombres que figuraban en esta lista”.

Volviendo a la situación en Minnesota, el estado ha sido obligado a liberar a otros ocho activistas, denominadados los “8 de la Convención Nacional Republicana”, que participaron en la organización de las protestas durante la Convención. Todos fueron arrestados en forma preventiva, antes de que comenzara la convención, y acusados de terroristas en virtud de la ley estatal de Minnesota. Desde entonces se retiraron todas las acusaciones de terrorismo en su contra (cuatro de ellos irán a juicio por otros cargos).

Todo esto sucede mientras el gobierno de Obama utiliza el miedo al terrorismo para procurar tener mayor autoridad para espiar a los usuarios de Internet y al mismo tiempo que sucede otro escándalo: El Departamento de Justicia también reveló esta semana que agentes del FBI hicieron trampa sistemáticamente en un examen que evaluaba el conocimiento de las reglas y procedimientos adecuados que rigen la vigilancia interna. Esto es más que tan solo un escándalo por hacer trampa. Se trata de las libertades fundamentales que son la base de nuestra democracia, el abuso de poder y la erosión de las libertades civiles.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

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