Colombia de ida y vuelta

Al incesante ritmo que radicaliza las funestas consecuencias de la guerra contra el crimen organizado en México -cuya línea inversa nos informa de la ineficacia de la estrategia aplicada en ese combate-, aparece el dato, no precisamente accesorio, de la casi accidental localización de fosas clandestinas en las que se amontonan cadáveres cuya identidad se pierde en el cotidiano recuento de víctimas de los choques entre bandas criminales y de éstas con los activos movilizados por el gobierno federal.

No obstante el registro de más de tres mil desapariciones en los últimos años, documentadas por comisiones y organismos de defensa de los Derechos Humanos, a ninguna autoridad gubernamental le preocupa esclarecer si tales desapariciones forzadas pueden relacionarse con los hallazgos de cuerpos en las que, para el código de comunicación oficial, se describen simplemente como narcofosas; una simplificación que sirve para evitar la indagatoria de otro tipo de móviles en la consumación de esos crímenes.

¿Qué hubiera sucedido si, a falta de sobrevivientes, no se “descubre” la ejecución, en un solo acto, de más de 70 indocumentados centro y sudamericanos en un rancho de Tamaulipas? Seguramente, su posterior localización tendría el mismo resultado que el que caracteriza al de las “fosas comunes” halladas ora en Nuevo León, ora en Guerrero o en Quintana Roo, etcétera: La helada indiferencia oficial.

Con la mirada hacia atrás, el gobierno de Vicente Fox, quien se había comprometido en campaña a formar una Comisión de la Verdad para investigar y castigar crímenes políticos y sociales del pasado, matizó el compromiso creando una comisión especial que derivó su gestión en la investigación de la guerra sucia imputada a los gobiernos priistas e individualmente a mandos del Ejército.

Con ese expediente -que de todas maneras dejó insatisfechos a los activistas que promovieron la Comisión de la Verdad-, el gobierno de Felipe Calderón ha aupado la acción de las Fuerzas Armadas, cuyos algunos elementos -en casos específicos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos- han sido implicados en muertes de civiles que el propio gobierno codifica como “daños colaterales”. Incluso, como para no dar pie al enervamiento de nuevas denuncias, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de votar contra la ponencia de uno de sus ministros, en la que éste propone ejecutar una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomienda -con base en un antiguo caso litigado- que los militares señalados sean juzgados por tribunales civiles.

Por inevitable asociación de ideas, ese fenómeno nos coloca en nuestros días frente al viejo temor de que, más temprano que tarde, México caería en el proceso de colombianización, originado en la persecución de la guerrilla y el narcotráfico, en Colombia asumida casi sin hacer diferenciación de las motivaciones de una y otra organización armada.

Con la puntería que caracteriza su valor profesional, en días pasados la colega Blanche Petrich publicó en La Jornada un reportaje in situ de lo que ha resultado en Colombia el combate indiscriminado a aquellos movimientos. Según las notas de Petrich, la propia Fiscalía General de Colombia reconoce que, entre 2006 y 2009; esto es, durante la presidencia de Álvaro Uribe, se reportaron 210 mil desapariciones.

El dato, ya de por sí espeluznante, no se queda ahí: Con testimonios y documentación de organizaciones como el Comité Sociojurídico Orlando Fals Borda, el Colectivo Sociojurídico y Coordinadora de Derechos Humanos del Bajo Ariori, la periodista mexicana lista un número de víctimas de la represión uribista, en el que aparecen campesinos, líderes comunitarios, defensores de los Derechos Humanos y representantes gremiales. Esto es, so capa de combatir al narco y la guerrilla, tarea encomendada a cuerpos como las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido,  el gobierno de Uribe se llevó entre las espuelas a la resistencia social y la oposición política.

El epicentro del reportaje comentado, es la comunidad colombiana de La Macarena, cuyo cementerio municipal se convirtió en depósito “por paquete” de cadáveres -entregados por militares en bolsas negras-, cuyo marbete colocado por la autoridad local sólo tenía la leyenda nn: nombre desconocido.

No estorba -por el contrario, es imperativo- ver a México en ese siniestro espejo. Basta con repasar los esfuerzos del gobierno de George W. Bush, continuados por Barack Obama, para imponerle a nuestro país un esquema copiado del Plan Colombia, sustanciado en la estrategia de la Iniciativa Mérida, formulada como concreción del proceso de militarización de la política mexicana, que hinca sus raíces en las cartas de intención firmadas por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; en el Consenso de Washington, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en la Alianza Energética de América del Norte y en acuerdos secretos entre el gobierno mexicano y la Casa Blanca, apenas atisbados en documentos desclasificados del Congreso estadunidense.

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