EDITORIAL

Comisario habemus

Naufragante en la densa duda popular sobre la legalidad de su triunfo electoral, desde que arrancó su sexenio el presidente Felipe Calderón ha sido contumaz en su ofensiva contra la Libertad de Expresión, llegando incluso a acusar a los medios de comunicación de cultivar una percepción adversa a los que él considera éxitos de su gobierno como serían, por ejemplo, los saldos de  la guerra contra el crimen organizado y, de otro lado, los resultados de sus políticas económica y social.

Con independencia de la oblicua discriminación administrativa en el manejo de las partidas presupuestales para financiar la publicidad gubernamental con base en el método de premios y castigos, que ha silenciado a medios e informadores y opinantes “incómodos”, y de la incesante acción directa que se expresa en la estadística de periodistas muertos o desaparecidos durante su mandato, el discurso calderoniano configura aquél propio de los regímenes totalitarios, proclives a implantar el pensamiento único.

En lo que va del sexenio, los tres titulares que hasta ahora han ocupado la Secretaría de Gobernación, y particularmente el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, se han obstinado en jugar el papel Catón en la relación medios-Estado; los tres primeros, pretendiendo ser persuasivos “por las buenas”, pero el cuarto en permanente asedio contra quienes no digieren las ruedas de molino que el gobierno asesta cotidianamente contra la opinión pública.

El propio Calderón, en raptos de intemperancia porque la realidad es más dura que los discursos triunfalistas, en las últimas semanas ha pedido a banqueros y empresarios adherirse a su tentación conductista de la política editorial de los medios. En su último lance, ante los socios del Consejo de la Comunicación, recriminó: “La gente, a partir de lo que oye, quizá mucha de ella sigue pensando que seguimos inmersos en una enorme crisis, y peor aún, que eso no tiene remedio: Una población desesperanzada en muchas de sus vertientes fundamentales”.

Cruzado contra la percepción pública sobre la situación que vive México -como si la población no sintiera en carne propia la herida de los hechos-, y mudando la condición de hombre de Estado en estadígrafo, el presidente ha operado, a veces por interpósito funcionario, iniciativas de ley o actos de administración para el control de técnicas y contenidos de los mensaje en los medios propiedad de empresas privadas, entre ellos los concesionados, o de las organizaciones civiles, sustituyendo noticias o información por las “buenas nuevas” de la burocracia.

Que el gobierno pretenda blindarse contra la crítica de sus detractores, puede pasar como un derecho legítimo en un Estado democrático, siempre y cuando no lo haga a costa de las libertades del resto de los componentes de dicho Estado. Pero dirigir sistemáticamente el empeño del poder político a la unanimidad de criterios sobre los temas que ocupan la agenda pública es, aquí y en China, una manifestación de vocación autoritaria.

Aun en esos términos, quienes militan de buena fe en la oposición gubernamental pueden -si existen márgenes para ejercer la Libertad de Expresión en un sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a una verdadera democracia- aceptar la legítima defensa del Estado frente a sus adversarios. Lo que no nos pareced válido, por sospechoso, es que, desde el seno mismo de la actividad editorial, surjan aquellos que se erigen, no siempre gratuitamente, en oficiosos señores de horca y cuchillo para limitar o reprimir el ejercicio periodístico.

En las últimas semanas, eso es lo que hemos visto, no sin alarma, en ciertas emisiones televisivas o medios impresos, en los que, por defender acríticamente el discurso oficial -especialmente en el asunto del combate al narco-, algunos “líderes” de opinión asumen el rol de comisarios de la nomenclatura panista para censurar el comportamiento de editores independientes que ejercen, bajo las reglas clásicas, institucionalizadas por la costumbre y la ley, lo que entienden por periodismo. Esos aspirantes a comisario del totalitarismo han propuesto, incluso, que se forme una especie de exclusivo consejo de notables que dicte las normas éticas a un oficio o profesión de los que las democracias auténticas se sienten orgullosas. Sobre aviso no hay engaño.

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