Recordando la muerte del

Cardenal Posadas Ocampo

El 24 de mayo es una fecha memorable para el catolicismo mexicano, porque se cumplen 17 años de la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, en donde el prelado se presentó aquel día a recibir al nuncio apostólico Girolamo Prigione. Sin embargo, de creerse en la hipótesis sostenida hasta ahora por el gobierno federal, la fecha marca la inauguración de la coartada del fuego cruzado, que ahora mismo se esgrime para tratar de justificar los daños colaterales, bajo la cual se arropa en la impunidad el sacrificio de víctimas inocentes de la guerra contra el narco. De ser así, ¿quién pide (o merece) castigo por el múltiple homicidio de Pedro Pérez, Martín Aceves, Francisca Rodríguez, Juan Manuel Vega, José Ramón Flores y José Beltrán, que cayeron también al lado de Posadas Ocampo, pero permanecen condenados al anonimato?

Todavía hace tres años, a unos cuantos meses de instalado en el gobierno Felipe Calderón, y en la Secretaría de Estado de El Vaticano el obispo Tarcisio Bertone, tres contumaces detractores de la hipótesis gubernamental, el sucesor de Posadas Ocampo en el cardenalato, Juan Sandoval Iñiguez, y los abogados Fernando Guzmán Pérez Peláez y José Antonio Ortega, porfiaron en la solicitud de apoyo de la Santa Sede para que, como en su momento lo ofreció Carlos Salinas de Gortari, la investigación se lleve “hasta las últimas consecuencias”.

La visita de esos tres personajes a Roma dio pie al recalentamiento de la especulación: la autoría de aquella muerte fue obra “de fuerzas del gobierno, vinculadas a los sectores más radicales de la masonería mexicana”. Más contundente: Se trató de un crimen de Estado, en la misma línea de acción que un año después cobró la vida del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio.

Hace unas semanas, de su puño y letra (en realidad pudo ser de los mencionados Guzmán Pérez Peláez y Ortega), el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez -el tercer mandatario panista remiso a la hipótesis oficial-, dirigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso demandando, en apego al artículo 97 de la Constitución, una investigación del máximo tribunal sobre aquel aciago suceso. La solicitud fue turnada al ministro Juan N. Silva Meza, cuya ponencia denegó el pedido.

”Si el Ministerio Público se corrompe, los gobernadores no podemos quedar a merced de esta traición, no podemos permitir que se dañe a las personas o comunidades de nuestro pueblo; por ello, es urgente la intervención de nuestro máximo Tribunal para preservar el ejercicio de una justicia pronta y expedita, imparcial y  comprometida con la sociedad...”, había escrito en un comunicado de prensa el gobernador González Márquez.

Fuego cruzado. Uno de los soportes de esta especie, que la Procuraduría General de la República dió por concluyente, fue una declaración del ex militar y sicario Alfredo El Popeye Araujo, quien  dijo haber sido contratado por los hermanos Arellano Félix para reclutar gatilleros a fin de  asesinar en Guadalajara a Joaquín El Chapo Guzmán. Los pistoleros habrían confundido a Posadas Ocampo con este personaje que, de tomarse en serio ese supuesto, por lo visto estaría viviendo tiempo extra. En todo caso, no se olvida el hecho de que los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix se valieron de la intermediación del nuncio Prigione para hacer llegar a Salinas de Gortari su declaración de inocencia.

Al tiempo, el hoy difunto Jesús Blanco Ornela, director del semario Zeta, de Tijuana -creible, porque él mismo fue objeto de repetidas amenazas y agresiones de parte de las mafias-,  consideró preciso, para esclarecer en verdad el crimen, el testimonio del manfioso Humberto La rana Rodríguez Bañuelos, convenientemente muerto en prisión antes de conocerse su testimonio público en un caso en el que proliferan los alias implicados en las pesquisas: el propio Popeye, El CH, El Zigzag, El Lalo Reyes, El Cougar, El Tarzán, El Paisa, El Pato, El Puma, etcétera.

La naturaleza de ese atentado -sobre el que figuras de la Iglesia católica y sus publicaciones siguen cultivando suspicacias-, conserva una viva actualidad en el entorno de la guerra calderoniana contra el crimen organizado, porque no dejan de ser desconcertantes las recomendaciones que, en los púlpitos o en declaraciones a los medios, emiten con frecuencia ministros de esa iglesia, a saber:

Los feligreses deben seguir el ejemplo de expiación y generosidad “de Rafael Caro Quintero y Amado Carrillo Fuentes” (dos de los capos más afamados). Canónigo de la Basílica de Guadalupe, Raúl Soto. Al llegar a las arcas de la iglesia, las donaciones de los narcos se purifican. “Recibimos de todos. Si da un narco no vamos a investigar si da un narco. Nosotros vivimos de las ofrendas que dan los fieles”. Extinto obispo de Aguascalientes, Ramón Godínez Flores. Los narcotraficantes “deben cambiar sus actitudes y acercarse a Dios. A través de la iglesia se podrán reintegrar a la sociedad”. En sus lugares de origen, “los narcos aportan recursos que son bien recibidos. Incluso, contruyen capillas al santo patrono del lugar o al santo de su mayor devoción”. Mensajes en diversas ocasiones de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

Con esa clase de benevolencia pastoral, ¿se puede esperar que algún día se conozca la verdad histórica de la muerte del cardenal Posadas Ocampo? ¿Se puede esperar la rendición incondicional de los jefes de los cárteles de la droga, acaso seguros del postrero perdón de sus pastores y confesores? Es de dudarse.

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