Libertad de Expresión:

Algo flota sobre el lodo

La roca de Sísifo vuelve a rodar: ¿Desde cuándo y cuántas veces algunos miembros de excepción del Congreso de la Unión han intentado que se legisle en materia de Libertad de Expresión y Derecho a la Información con una visión moderna y democratizadora? ¿Y cuántas veces, los intereses creados en la industria de la radio y la televisión han aplastado esas tentativas?

Para no remontarnos a la prehistoria priista, enmarquemos estas notas en la década de presidencia panista: Desde el inicio del ejercicio de la LVIII Legislatura federal, se hizo del dominio público que particularmente algunos senadores preparaban una iniciativa para revisar las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones. En el sigilo de la madrugada, el 10 de octubre de 2002 se dio a  conocer sorpresivamente (hasta para las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes) el llamado decretazo, maquinado en Los Pinos, por el que el gobierno renunciaba a casi la totalidad del tiempo fiscal (12.5 por ciento del tiempo de trasmisión) reservado por ley al Estado mexicano en los medios electrónicos concesionados.

“Sorpresivamente”, a pesar de que se sabía de la posición de Vicente Fox en ese rubro: Ese porcentaje, había declarado, “es una brutalidad”. Con arrogancia patrimonialista, como si ese derecho fuera personal, sostuvo:  “No tengo la obligación de consumirlo”. Alguien ironizó, palabras más, palabras menos: En tiempos de Emilio Azcárraga Milmo, los usufructuarios de la concesión se proclamaban “soldados del PRI. Ahora, el Presidente actúa como soldado de los concesionarios más poderosos”. Ese alguien se beneficia ahora con tiempo en un “nuevo” canal de esos “más poderosos”

Hacia junio de 2004, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó un acuerdo discrecional por el que se otorgó concesión adicional al duopolio televisivo (que en consecuencia detentaría la operación de 461 canales… y contando). El 1 de diciembre de 2005, sin que el dictamen pasara por las comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión como lo ordena la norma, el pleno de la Cámara de Diputados, cuya Coordinación Política era presidida por el perredista Pablo Gómez Álvarez, logró la hazaña de que ¡por unanimidad!, se votara favorablemente lo que en lo sucesivo se dio en llamar Ley Televisa. En Xicoténcatl, la minuta fue defendida, con el apoyo de algunos perredistas, por el ex secretario de Comunicaciones y Transportes de Carlos Salinas de Gortari y senador priista Emilio Gamboa Patrón. Tres meses después, la Cámara alta sacó tal engendro pseudo jurídico que  -al resolver en 2007 una acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores disidentes-, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reprobó en algunos de sus preceptos. Durante cuatro años, la “inconveniente” resolución de la Corte permaneció en lo más recóndito de la hielera antilegisladora.

El asunto es que -y éste es el tema-, al retornar de su santo y largo puente vacacional, como convocadas por un mismo oráculo y para el mismo día, ambas cámaras del Congreso se orquestaron para entrarle al espinoso chayote: En San Lázaro, se presentó la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos Audiovisuales (PAN-PRD). En Xicoténcatl, el coordinador de la bancada panista, Gustavo Madero, hizo lo propio ante el pleno con lo que se supone es el mismo texto. Simultáneamente, la comisión senatorial de Radio, Televisión y Cinematografía, en la que participa un verde senador televisivo, y en junta vigilada por un vicepresidente duopólico, dio por aprobado el dictamen de la Ley de Federal de Radio y Televisión, según algunos argumentadores, “para cumplir” lo observado por la Corte, aunque su argumento tramposo semánticamente no resista el más elemental análisis.

En tanto los plenos de ambas cámaras no aprueben las propuestas, vale de antemano hacer tres advertencias: 1) para todo Estado que respete su soberanía, es inadmisible cederla en campo tan estratégico como es el de las telecomunicaciones. El proyecto de ley explicado por el senador Madero, abre la participación extranjera en telecomunicaciones en 100 por ciento, y en 25 por ciento en radio y televisión; 2) a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Juan Molinar Horcasitas (en remojo en la Corte por el criminal asunto de la guardería ABC, subrogada por el IMSS) se le reintegraría la facultad de otorgar cesiones, concesiones y prórrogas, etcétera) y, 3) como el nombre de la ley lo indica, se pretende regular los contenidos en radio y televisión. Esta función quedaría a cargo de un instituto (que tomaría el lugar la Comisión Federal de Telecomunicaciones), órgano descentralizado de la SCT, cuyos comisionados serían nombrados por el Presidente, sin pasar por la sanción Congreso.

Casualidades que brinda el tiempo “y no la intencionalidad”: el 7 de abril, el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto del presidente Calderón por el que se crea un aparato denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales para la generación, producción y distribución de materiales que informen a la ciudadanía sobre programas y acciones gubernamentales que resulten de interés público. Ese aparato será administrado por las secretarías de Gobernación y la de Educación Pública, correspondiendo a ésta aportar los recursos económicos al nuevo organismo, cuyas tareas, para quien conozca de esos costosos menesteres, no se financian con sobrantes presupuestarios.

Cuando estamos en pleno desenfreno hacia la sucesión presidencial de 2012, ¿de qué, pues, estamos hablando? Hasta la pregunta es necia. ¿Qué gobernador aspirante o candidato “ciudadano” podrá competir con esa descomunal estructura de control propagandístico de corte hitleriano o stalinista?

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