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Edición 367

18

Investigación libre

Roberto Vel√°zquez Cabrera

EL OBJETO DE ESTE DOCUMENTO es complementar y detallar un poco m√°s sobre ciberseguridad electoral 2018, que las dependencias, organismos y unidades que tiene atribuciones, funciones, recursos y medios relacionadas con la fiscalizaci√≥n y control de los delitos, desviaciones y usos ilegales de los recursos utilizados en las elecciones, no han logrado detectarlos ni evitarlos, aunque son muchos los existentes.

LOS PRINCIPALES poderes, dependencias, entidades, unidades relacionadas con la evaluaci√≥n, fiscalizaci√≥n y uso de los recursos son los de la larga lista siguiente. Las marcadas en rojo son las m√°s especializadas en lo electoral.

Presidencia de la Rep√ļblica (PR)

C√°mara de Diputados (CD)

Contaduría Mayor de Hacienda (CMH)

Auditoría Superior de la Federación (ASF)

Secretar√≠a de la Funci√≥n P√ļblica (SFP)

Unidad de Gobierno Digital (UGD)

Secretaria de Gobernación (SG)

Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica (PGR)

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)

Policía Federal (PF)

Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)

Secretar√≠a de Hacienda y Cr√©dito P√ļblico (SHCP)

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Unidad Política de Control Presupuestario (UPCP)

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

Instituto Nacional Electoral (INE)

Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE

Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del INE

Registro Nacional de Proveedores (RNP) del INE

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE)

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Dependencias, entidades y fideicomisos del Gobierno Federal

Gobiernos estatales y municipales

Finanzas y tesorerías de los estados y municipios

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Bancos y valores

Para no hacer m√°s larga esta nota, no se detallan las atribuciones asignadas, aunque se muestran en sus normas legales que les dieron origen y se incluyen en la lista de ligas a sus sitios web.

Silencio casi absoluto

NO SE CONOCENlas causas por las que miles de servidores p√ļblicos no han atendido las obligaciones de investigaci√≥n y fiscalizaci√≥n electoral que tiene asignadas en sus atribuciones, ni siquiera en los casos relevantes de estafas y desv√≠os que se han comentado en los medios masivos de comunicaci√≥n y en Internet, como los resultados de trabajos period√≠sticos dados a conocer por Animal Pol√≠tico, y por Movimiento Ciudadano Contra la Corrupci√≥n e Impunidad, sobre la Estafa Maestra y la empresa fantasma de Javier Duarte, basados en un informe de la ASF sobre 2013 y 2014. Comentan que las denuncias sobre los il√≠citos ya fueron presentadas ante la PGR desde 2015, pero que no han sido subsanadas y no se conocen las acciones realizadas ni castigos a los responsables o consignados.

Lo que hicieron los periodistas en sus investigaciones fue seguir las pistas del dinero para conocer y verificar algunos gastos de una muestra de convenios con universidades que trasfirieron a las empresas fantasmas o ilegales que usaron para desaparecer y desviar los fondos. Ese tipo de verificación es lo que deberían hacer los responsables de la fiscalización electoral, pero ampliada a otros miles de convenios similares existentes en varias dependencias y otros estados.

Idealmente y con mayor amplitud, sería necesario obtener las bases de datos o archivos de todas las asignaciones presupuestales, para auditarlas y fiscalizarlas en la realidad, incluyendo las transferencias bancarias y los registros hacendarios federales, estatales y municipales. En esas tareas podrían ayudar las tecnologías de la información y computación, pero tendrían que auditarse las operaciones y resultados reales, no sólo los comprobantes de los gastos en el papel o en los registros electrónicos.

Otros casos importantes de corrupci√≥n y desv√≠o de fondos federales tambi√©n han sido dados a conocer p√ļblicamente por otros trabajos period√≠sticos, como el de Chihuahua realizados por el New York Times y otros relevantes, pero parece que tampoco han sido investigados por las autoridades fiscalizadoras federales con mayor profundidad y amplitud, a pesar de existir indicios de su uso en otros estados, dependencia y entidades del gobierno federal.

Existen otros casos de corrupción que han sido investigados en el extranjero como los de Odebrecht, pero que no los han investigado y sancionado en el país, a pesar de que han publicado indicios de haber participado en corrupción en Pemex. Algo similar ocurrió con la corrupción de OHL.

Existen tres posibilidades

LOS ORGANISMOSgubernamentales si siquiera han informado bien y con detalles de esos casos de corrupción comentados por periodistas. Hay que agradecer y apoyar las pocas investigaciones conocidas que muestren algo de los fraudes y la corrupción.

Sobre las denuncias no atendidas con mayor amplitud y profundidad por las entidades gubernamentales, existen tres posibilidades sobre las causas para la falta de las investigaciones, que no necesariamente son independientes:

         Una, es que no sepan c√≥mo hacerlas.

Otra, es que sí lo sepan, pero no dispongan de los sistemas y recursos necesarios.

La tercera, es que simplemente no quieran realizarlas, porque pueden afectarlos, a sus superiores, o sus conocidos.

En cualquiera de esos casos, no han atendido bien las funciones de fiscalización de las elecciones para las que fueron creadas y deberían ser motivo, al menos, de sanciones por incumplimiento de sus funciones administrativas.

Si se desea corregir la situación, se deberían analizar las causas por las que no han podido funcionar bien en cada uno de los organismos participantes.

El principal problema es que en algunos de los casos es dif√≠cil hasta saber c√≥mo podr√≠an evaluarse los incumplimientos. Por ejemplo, ¬Ņqui√©n puede evaluar a la Presidencia de la Rep√ļblica, a C√°mara de Diputados y a su CMH y ASF?

Lo mismo sucede con la SHCP y sus UPF y UIF, si algunos de sus titulares han estado involucrados en las autorizaciones de los desvíos presupuestales, desde hace varias elecciones, en un contexto de gran discrecionalidad en las asignaciones, como las que se otorgan a los estados.

¬ŅQui√©n supervisa y vigila a las dependencias fiscalizadoras importantes como la PGR y la SFP? ¬ŅQui√©n permite que no atiendan sus obligaciones de fiscalizaci√≥n, ni siquiera en las denuncias presentadas? ¬ŅPor qu√© ni siquiera se designa al Procurador y al Fiscal Anticorrupci√≥n habiendo 70,000 denuncias rezagadas sin atenci√≥n? De la ASF dicen que existen 700 denuncias de corrupci√≥n que han presentado a la PGR, pero que no han sido atendidas ni subsanadas.

En el Informe General de la Cuenta P√ļblica de 2015 (p 53, Tabla 23) se muestra que el monto total de las observaciones pendientes de solventar de 2011-2014 son de 216,455.9 mdp, aunque no cubre todo el gasto presupuestal, ya que la muestra fiscalizada por la ASF en 2015 fue de 435,063.7 mdp, de un total de 4,917,247.4 mdp (p 163).

Pocos saben que los √ļnicos que tienen funciones de evaluaci√≥n de la gesti√≥n p√ļblica de las dependencias y entidades federales son los comisarios y delegados de la SFP, pero ni siquiera se publican sus informes.

Las pol√≠ticas impulsadas en las √ļltimas d√©cadas han sido impuestas por un grupo de economistas neoliberales y privatizadores entreguistas que ha monopolizado los principales puestos de nuestros poderes, incluyendo los de la SHCP, los llamados ITAMPRIAN. Si ellos han estado involucrados en los desv√≠os de recursos presupuestales y en uso ilegal de otros fondos privados, y hasta en su beneficio o de sus socios o amistades, es muy dif√≠cil que quieran autoevaluarse o auto fiscalizarse.

Apenas una minoría beneficiada

La ineficacia y la corrupci√≥n se extiende hasta los grandes proyectos, pactos, acuerdos y normas legislativas impulsadas e impuestas desde hace d√©cadas, ya que parece que nadie los supervisa y s√≥lo han beneficiado a una minor√≠a. Ni el pueblo, ni sus supuestos representantes han estado bien enterados de ellos. Por ejemplo, ¬ŅAlguien sabe lo que ahora est√°n negociando a escondidas con el TLC? Ni siquiera se conoce p√ļblicamente la evaluaci√≥n econ√≥mica que hicieron cuando se negoci√≥ y estableci√≥ el TLC actual, ni la de lo que ha resultado en la realidad. Ese tema puede ser materia de otra nota de Investigaci√≥n libre.

Otros que se oponen a la fiscalización son algunos de los representantes de los partidos políticos que participan en los organismos electorales como los del INE. Su oposición hasta los puede involucrar como cómplices en delitos de corrupción, desvíos, estafas o uso ilegal de recursos.

Los que menos se interesan en investigar casos importantes de corrupci√≥n son los que tratan de ocultarlos, como cuando afectan a sus superiores, como el de la ‚ÄúCasa Blanca‚ÄĚ que ya fue cerrado por la SFP.

La corrupci√≥n electoral no s√≥lo ocurre en el sector p√ļblico, ya que se extiende a instituciones privadas, como los medios masivos de comunicaci√≥n, cuando periodistas, locutores, escritores y opin√≥logos se venden para atacar a candidatos de oposici√≥n y cuando encuestadores sesgan sus encuestas.

Si los casos de corrupción y fraudes comentados se investigaran y fiscalizaran a fondo podría determinarse mejor los procedimientos usados para cometer los delitos electorales y para conocer a los responsables, pero mientras subsistan funcionarios y supuestos representantes del pueblo que no quieran impulsar investigaciones y auditorias amplias y profundas, no va a poder ser eliminada la corrupción galopante y los sesgos inducidos en las elecciones.

Por ello, lo menos que podemos hacer en las siguientes elecciones es votar por los que quieran cambiar la situación deteriorada existente.

Lo peor para el futuro de la nación es no votar.

(*) Director e investigador. tlapitzalli.com

 



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