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Edición 358

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El gobierno mexicano oculta o desdeña la magnitud y riesgos de las deportaciones hacia territorio nacional. Su enfoque idílico ante los millones de paisanos inmigrantes como proveedores de dólares para la economía nacional debe cambiar. El peligro inminente son los miles de criminales solitarios o integrantes de temibles pandillas como los Mara Salvatrucha, MS 13, o los adoradores de la Santa Muerte, la mayor parte sentenciados por delitos graves, que han llegado y van a llegar a México y Centroamérica a complicar el ya rojo y negro panorama regional. ¿Se ha preparado el gobierno ante el hecho?

 

Chicago, Il.- El aumento de la criminalidad en el área metropolitana de Chicago toca a la puerta. La temperatura comienza a calentarse por el fin del prolongado invierno. Las deprimentes calles y largas avenidas con follaje comienzan a reverdecer. La gente se alegra más y se expone en mayor medida a todas horas, pero también las pandillas se reactivan de su letargo invernal dispuestas a seguir violando la ley.

Si la tendencia delictiva al alza continua, en Chicago y su área metropolitana, no se puede anticipar algo bueno para los siguientes meses, y quizás años.

Mientras espero que se consuma la tarde en una lavandería de La Villita – el barrio de mexicanos más popular de Chicago- reviso los reportes policiales de criminalidad. Numerosas balaceras con saldo luctuoso y más trabajo para los hospitales tienen a las autoridades y a los activistas trabajando horas extras para encontrar soluciones. No ha bastado el cambio de mandos policiales.

Desde la vitrina donde me ubico veo más movimiento humano en la famosa Calle 26. Los elevados árboles, de más de 20 metros de altura, muy propios del barrio y por su gran tamaño casi únicos en el Medio Oeste, recuperan a ritmo veloz su frondosidad, que cada año pierden totalmente por efectos de las bajas temperaturas. Las ardillas sobrevivientes de cada temporada gélida festejan con singular alegría, correteándose sobre las ramas.

En este principal corredor comercial de la zona se asoman todos en algún momento. Lo bueno y lo malo de la población hispana residente de la zona cobra mayor brillo en la ruidosa pasarela. Desde los comercios de un lado y otro brotan a todo volumen las canciones más populares del momento, o desde los interiores de las trocas o coches que deambulan por las calles surgen las tonadillas norteñas, made in México, como saludo o como advertencia.

Observo a los transeúntes terminar sus labores o sus compras del día, todos ya con ropa ligera para recibir al calor de la temporada. Entre ellos advierto a los que “trabajan” al margen de la ley: narcomenudistas, vendedores de documentos falsos, promotoras de sexo servicio, vendedores de piratería o de comestibles sin su correspondiente permiso que entran y salen de los restaurantes, lavanderías y cualquier espacio público.

También deambulan niños vendedores de chocolates, pocos, pero ya en las filas de la informalidad; no faltan los teporochos, pedigüeños y los sin hogar hispanos y afroamericanos que prefieren la 26 sobre otras avenidas para obtener algunos dólares. Me pregunto si es un gesto de reconocimiento a la generosidad de los donantes o si de algunos es algo así como cobro de piso. Por si las dudas, ocasionalmente me deshago de unos dólares ante ellos.

 

Pandillas, la mayor amenaza

El mayor problema de Chicago y sus alrededores, y de Los Ángeles o cualquier otra ciudad con altos índices de criminalidad, son las disputas entre pandillas, por territorios para el narcomenudeo. Los agarrones son cada vez más violentos, con armas automáticas como las R 15 o los Ak 47 y 74, coloquialmente llamados cuernos de chivo.

De acuerdo con el periódico Hoy, filial del Chicago Tribune, el FBI sostiene que en Estados Unidos hay 1.4 millones de integrantes de pandillas. Entre las más peligrosas, y declaradas como prioridad de expulsión para el presidente Trump, son los Maras, ahora conocidos como MS 13 y son alrededor de 10 mil.

“En el año fiscal 2016 fueron deportados 2,057 indocumentados que eran sospechosos o miembros confirmados de alguna pandilla; 429 pertenecían a la MS 13. Hasta finales de abril de 2017, al menos 253 supuestos miembros fueron arrestados. “Pero la mayoría de líderes de la MS 13 -cita el periódico- ya son nacidos en Estados Unidos”.

Según el especialista John Hagedorn, de la Universidad de Illinois en Chicago –mencionado por Hoy-, la mayoría de miembros de pandillas mexicanas en la Ciudad de los vientos y su área metropolitana son de segunda generación y no de inmigrantes recientes, legales o no.

Así pues, los hispanos residentes legales o indocumentados juegan parte importante en estas pugnas. Por eso en las cárceles estatales y las prisiones federales los sin papeles esperan su turno en las listas de “deportables”.

Los datos son contundentes, es lo que concluyo al recibir por la línea telefónica los reportes de un funcionario que me informa con detalle el asunto. De un grupo de 40 personas de la jurisdicción de tres estados del medio oeste americano (Illinois, Indiana y Wisconsin) en ruta de deportación hacia México —habiendo salido el 12 de mayo para arribar a la frontera mexicana alrededor de 20 del mismo mes— solo cuatro iban de regreso a su país por simple violación a la ley de migración, es decir por haber reingresado sin permiso.

Los otros 36 de ese grupo de 40 iban camino a su nuevo destino luego de haber purgado condena por delitos graves, a saber: tráfico de drogas, homicidio, abuso o violación a un hermano, no cumplir con la sentencia,  golpear a una persona, robo a mano armada, posesión de altas cantidades de cocaína, manejar bajo la influencia del alcohol, venta de anfetaminas; también resistencia al arresto, golpear a un oficial, portación de arma sin permiso, robo a tienda departamental, posesión de mariguana, violar libertad bajo palabra. Eso dice el reporte.

Mientras sigo recorriendo con los ojos la larga lista pienso en mi propio entorno. Tengo dudas sobre la veracidad de la información, pero la realidad me obliga a pensar que el asunto es serio. Por algo será que La Villita está bajo permanente vigilancia policial. No pasa mucho tiempo sin que uno vea alguna patrulla circulando en las cercanías. En mi propio domicilio convivo con paisanos que tienen deudas con la ley, por uso de documentos falsos, por hacerse pasar como residentes legales ante alguna autoridad, por violencia intrafamiliar o de género, por posesión y consumo de drogas, por manejar sin licencia o bajo los influjos del alcohol. Y quién sabe qué más. Por cuestiones de trabajo, solo habito dos días de cada semana en ese lugar, pero suficientes para darme cuenta del transcurrir cotidiano de quienes se mueven en las sombras y al margen de la ley.

Entre los inconvenientes sociales que he observado en el vecindario, que ha sido famoso por su conflictividad ante la policía -aunque sin duda hoy más tranquilo que hace unos cinco años- es la facilidad para adquirir y consumir drogas a toda hora, el consumo de bebidas embriagantes y la conducción de vehículos sin licencia o bajo la influencia del alcohol. (Hay que hacer notar que Illinois otorga licencias de manejo temporales a residentes sin cuestionar su status migratorio).

A nivel federal algunos de los estados permiten ciertas dosis de portación o posesión de droga para el consumo personal, pero en las leyes federales están tipificados como delito.

Otros cargos por los que han sido sentenciados los del grupo en ruta de deportación son: asalto agravado, secuestro, violencia doméstica, incendio provocado, asalto sexual o violación, resistencia al arresto y obstrucción policiaca.

“De todos los mencionados –sostiene el funcionario- sólo hay cuatro personas que fueron por entrada ilegal o reingreso a los Estados Unidos, el resto más del 90%, cometieron delitos en Estados Unidos”.

 

Aumentan los arrestos

A pesar de la advertencia de Trump de que va por todos los que tengan antecedentes delictivos, muchos se están acostumbrando a vivir bajo cierta angustia y comienzan a seguir su vida como lo habían venido haciendo. Aunque los propietarios de negocios de la Calle 26 subrayan que su clientela ha descendido.

Como sea, las detenciones de inmigrantes han aumentado bajo la administración Trump, es lo que publica el diario The Washington Post en su edición del 19 de mayo, que tengo a la mano. “Los agentes federales están arrestando más de 400 inmigrantes al día, un salto comparado con el año previo”, pero todavía lejos de alcanzar la que fue una de las principales promesas de campaña del candidato.

“En sus primeros 100 días en el poder, los oficiales de Trump arrestaron a 41,318 inmigrantes, un porcentaje de 37.6 mayor que el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con datos del ICE –Immigration and Customs Enforcement”. Casi tres de cada cuatro detenidos tienen antecedentes criminales, incluyendo a fugitivos por homicidio y miembros de pandillas, subraya el diario.

A pesar de ese dato, el mayor aumento y la tendencia, apunta The Washington Post, es la detención de inmigrantes sin historial delictivo. “Esta administración está cumpliendo su agenda de deportaciones masiva, explica Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales para la Asociación de Abogados de Inmigración. Y van por gente que ha vivido aquí por largo tiempo”.

De acuerdo con lo anunciado por la agencia de migración, es uno de los pocos triunfos en la agenda de Trump, ante los sonados fracasos que ha enfrentado relacionados con la retención de fondos para las ciudades santuario y el rechazo del Congreso a otorgarle recursos para levantar el muro.

 

Más datos alarmantes

En la misma ruta, CNN publicó que el gobierno de Trump había deportado a 54,500 personas, desde su toma de posesión el 20 de enero hasta la última semana de abril, incluyendo a 23,897 indocumentados sin historial delictivo.

Valga mencionar que, según datos de archivo, esa cantidad es menor a la del mismo periodo en el saliente gobierno de Obama, cuando el número de deportados fue de 62,062, incluyendo a 24,953 indocumentados de reciente ingreso y sin antecedentes criminales.

¿Qué significan esos números, para una sola ciudad?

De acuerdo con datos publicados, la capital federal de México fue el destino de tres mil deportados en el primer cuatrimestre del año. Aunque las autoridades disponen de algunos programas para ayuda a los recién llegados, resultan totalmente insuficientes o inoperantes, en todo caso. Algunos deportados, por ejemplo, pueden solicitar seguro de desempleo, pero enfrentan la dificultad de no poder acreditar fehacientemente su identidad y cuando obtienen la ayuda es por seis meses únicamente, tiempo durante el cual reciben el equivalente a un salario mínimo mensual, algo así como 150 dólares, lo que un indocumentado gana en un día bien pagado en Estados Unidos.

Mientras redacto estas líneas, me detengo en un artículo del periodista Jorge Ramos, el conductor estelar de Univisión, quien ha representado una importante voz en defensa de los mexicanos indocumentados. Apunta que desde que Trump llegó a la Casa Blanca, y hasta finales de abril, fueron arrestados al menos 5,441 inmigrantes sin documentos y sin historial delictivo. “Son personas cuyo único delito fue entrar a Estados Unidos ilegalmente. Nada más. Entraron para hacer los trabajos que nadie más quiere hacer”.

Jorge Ramos resalta que en más de 30 años que lleva radicando en Estados Unidos, nunca observó un clima tan nocivo para los inmigrantes como este de la era Trump. Y aporta un dato crudo: “Menos de trescientos mil indocumentados han cometido un delito grave, de acuerdo con un reciente estudio del Migration Policy Institute. Esto es menos del 3% de la población indocumentada. En comparación, el 6% de los estadounidenses comete crímenes serios. Conclusión: los indocumentados se comportan mejor que los estadounidenses”.

 

“Por mi culpa, por mi grandísima culpa”

En reiteradas ocasiones, sólo en esta administración, las máximas autoridades de Estados Unidos han reconocido que México no tendría el gran problema de violencia en su lucha contra las drogas si no fuera por la demanda desde Estados Unidos, reconoció el Secretario de Estado, Rex Tillerson.

El Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en el mismo tono ha expresado que el flujo de drogas hacia su país es causado por la demanda, “Y no hacemos casi nada…Tratamos de rehabilitar adictos y hacemos arrestos…” pero falta mucho más, admitió el funcionario en un debate realizado en Washington, en el Centro de Estudios Atlantic Council.

Ahí Kelly repitió que quiere colaborar para frenar la inmigración irregular hacia Estados Unidos, pero también advirtió que su posición le obliga a hacer cumplir las leyes migratorias. “Las leyes las hace el Congreso, si no les gustan, cámbienlas, yo no tengo otra alternativa que obedecerlas”.

No se ve en el horizonte inmediato qué, quien o cómo podrían cambiar esas leyes que impidan o reduzcan el envío a México y Centroamérica de cientos de miles de verdaderos criminales, y a primera vista los programas oficiales para manejar el fenómeno son a todas luces insuficientes…

Eso es lo que pensé al salir de la lavandería, de camino sobre una calle obscura rumbo a mi domicilio en La Villita… La alta criminalidad en México, el desempleo y los bajos sueldos, y ahora la bomba de las deportaciones. Esto exige algo contundente de parte de los gobernantes de todos los partidos, en los niveles federal, estatal y municipal; y en los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). Lo hecho hasta hora es muy poco y sus culpas imperdonables por atentatorias contra la seguridad y estabilidad nacional y regional.

*Periodista mexicano, radicado en Chicago, Il. Estados Unidos.

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