El colapso de México se debe a que la corrupción y la delincuencia organizada se instalaron como forma de gobierno en México.

El colapso del viejo sistema priista permitió al dinero sustituir el tradicional, pero también pernicioso dedazo presidencial.

Se trata de una falla de origen, que tiene su antecedente directo en el divisionismo que inoculó el primer embajador yanqui en México, Joel R. Poinsett.

Tal divisionismo ha dado extraordinarios dividendos al país de las barras y las estrellas: más de la mitad del territorio mexicano (en 1848) y el dominio casi constante sobre la política y la economía mexicana.

Del dedazo a la mercantilización de la democracia

México tuvo hasta principios del siglo XIX una profunda tradición centralista, tanto por el lado indígena, como por el español. La figura del gran tlatoani fue sustituida por la del virrey.

Fue Poinsett, por encargo del establishment (gobierno invisible) de los Estados Unidos de América, el que se encargó de introducir el sistema federalista. Porfirio Díaz, primero, y el régimen posrevolucionario priista, después, entendieron -a veces para bien, a veces para mal- la esencia política del mexicano y ejercieron gobiernos centralistas, disfrazados de democráticos.

Fox y la transmutación del régimen

La llegada al poder del panismo en el 2000, en la persona de Vicente Fox, supuso para amplios sectores de la población que el fin del dedazo permitiría a México transitar por una verdadera democracia, donde no sólo hubiera transparencia en los procesos electorales, sino en la rendición de cuentas.

El engaño fue mayúsculo, porque tanto el PRI -recién expulsado de Los Pinos, como el PAN- eran y siguen siendo vasallos del complejo político, económico, financiero, militar y mediático que domina en Estados Unidos y se ramifica hacia Gran Bretaña, Francia, Alemania, Canadá, Italia, España y otras potencias de menor rango.

Fox mantuvo las mismas políticas entreguistas de De la Madrid, Salinas de Gortari y Zedillo, con el agravante de que cedió la seguridad nacional al Comando Norte de los Estados Unidos. Su sucesor, también panista, Felipe Calderón, fue más lejos: concedió la operación de la seguridad interna de México a los EUA, a través de la Iniciativa Mérida.

Cuando Fox llegó al poder, el PRI tenía 29 gobernadores que -unidos- manipulaban a su antojo a la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

El guanajuatense optó entonces por una cohabitación basada en el soborno. Su maniobra consistió en canalizar ingentes cantidades de dinero a estados y municipios, a cambio de poder ejercer el poder.

Calderón repitió la fórmula y así, los 500 mil millones de pesos del bono petrolero que tuvo México entre 2000 y 2012, se fueron a un barril sin fondo. Nadie, ni los presidentes de la República en turno, ni los gobernadores y menos los presidentes municipales, dieron cuenta detallada de cómo utilizaron semejante fortuna.

Los gobernadores priistas, sin tener a un cacique supremo en Los Pinos, se convirtieron en caciques regionales absolutos y se beneficiaron -desde entonces- de las partidas federales en tres sentidos:

Enriqueciéndose ellos, de manera ilícita, y permitiendo que sus colaboradores hicieran lo mismo.

Vendiendo protección a los cárteles del narcotráfico. La maniobra redituó a los narco gobernadores una multiplicación exponencial de sus riquezas mal habidas. Su ejemplo cundió en alcaldes, jefes de policía, etc.

Desviando recursos públicos a las campañas electorales, a fin de dejar a sucesores que, por compromiso, taparan sus corruptelas y les evitaran caer en la cárcel.

Sin garantía de triunfo

Los procesos electorales en México, a partir de la década pasada se hicieron, por lo tanto, absolutamente dependientes del dinero. La entrega de despensas, de materiales de construcción, de camisetas y gorras resultó insuficiente para convencer a los electores. Ni siquiera la compra de sufragios mediante monederos electrónicos garantizó triunfos.

Los partidos políticos se privatizaron y los candidatos asumieron el papel de empresarios carentes de ética.  Unos y otros tuvieron que recurrir -sobre todo- a la televisión y al Internet para hacer llegar sus mensajes a los potenciales votantes. Y eso cuesta, muchísimo.

Fox Quesada llegó a la Presidencia de México gracias a una muy eficaz campaña mediática. Peña Nieto, también, tanto que se dice que es un producto más de Televisa.

La decadencia neoliberal de la democracia mexicana

La política siempre ha sido vista como negocio en México. Pero, desde la imposición del neoliberalismo en 1982, con Miguel de la Madrid, esta perspectiva se radicalizó.

La ambición malsana se convirtió, entonces, en el eje del sistema político mexicano. Esto derivó en la premeditada falta de rendición de cuentas.

A los poderosos no les conviene transparentar el ejercicio de los recursos públicos.

A eso se debe que México carezca de un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción, independiente y con poder sancionador.

Recordemos que entre Fox Quesada y Calderón Hinojosa, el gobierno federal dispuso de excedentes petroleros por 500 mil millones de pesos. ¿Dónde están? Quién sabe.

Peña Nieto no dice de manera transparente en qué se gastan los recursos públicos. Los gobernadores y presidentes municipales, tampoco.

Partidos políticos y candidatos se siguen manejando con opacidad. El Instituto Nacional Electoral y los organismos electorales estatales son verdaderas nulidades que cuestan, eso sí, miles de millones de pesos al año. Con los tribunales electorales sucede lo mismo.

La delincuencia organizada influye en las elecciones con fuertes cantidades de dinero. Los gobernantes federales, estatales y municipales, también.

Los narcos quieren funcionarios que les estén subordinados, a fin de que les brinden protección. Y los gobernantes salientes quieren dejar en sus puestos a incondicionales que encubran sus trapacerías.

Unas propuestas

Ante semejante estado de cosas proponemos, de entrada, lo siguiente:

a) Que la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Congreso de la Unión, tenga los recursos suficientes para investigar a fondo a municipios, estados y dependencias federales, y que tenga capacidades sancionatorias, vía los desafueros y los juicios políticos.

b) Que sea verdaderamente obligatorio a Federación, Estados y Municipios transparentar el uso de recursos, hasta el mínimo centavo. Para ello, se necesitaría crear protocolos estrictos y funcionales. Su elaboración estaría a cargo de los más renombrados expertos de las universidades públicas del país.

c) Que el Sistema Nacional Anticorrupción sea independiente de los tres poderes de la Unión, y que pueda proceder penalmente contra los presuntos responsables de corrupción.

d) La legítima y transparente organización ciudadana, que permita el surgimiento de candidatos independientes con la suficiente fuerza para arrebatar el poder a la partidocracia.

e) La aplicación obligatoria de figuras como el Referéndum y la Revocación de Mandato.

El costo de no hacerlo

Nos queda claro que son unas cuantas propuestas, insuficientes para consumar el rescate de México. Este espacio se vería honrado si le llegaran más de parte de sus lectores.

Lo que sí queda claro es que la pasividad, el conformismo y la excesiva confianza contribuyeron a que México se convirtiera en un Estado fallido.

Mantener esa actitud de descuido y falta de compromiso redundará -si no hacemos algo- en la fragmentación de nuestra Patria, con la separación de los estados del centro y del norte, por un lado, y los del sur, por el otro.

(*) Periodista mexicano.

@JorgeSantaCruz1

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