Lunes, 29 de Febrero de 2016 13:58 | 
Author: Abraham García Ibarra | 
| Edición 342 |
LOS SECTORES PRODUCTIVOS más lúcidos y preocupados del estado de Morelos temen que la irracional prepotencia del tabasqueño gobernador Graco Ramírez traslade su propia crisis personal a todo el espectro político estatal y la demanda popular de desafuero derive en la exigencia de desaparición de poderes, eventual salida que se revisa ya en instancias del Senado de la República.
EL ARGUMENTO que se esgrime, es que el prolongado trastorno de la vida política y social en la entidad está proyectando sus efectos en la vida económica a causa de las incesantes movilizaciones que desquician el transporte público, obligan a cerrar comercios y alteran la actividad de algunas sucursales bancarias.
La de por si grave situación política se exacerbó al correr de febrero con la irrupción en el conflicto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que, encabezada por el rector Alejandro Vera Jiménez, denuncia la arbitraria retención de recursos asignados a la institución como parte del presupuesto público.
Graco se agandalla hasta de recursos federales
La crisis política se agiganta por la capacidad de convocatoria de la comunidad universitaria que suma a su protesta a padres de familia y otros sectores sociales que pretenden ahora hacer valer un rapto demagógico de Graco, quien en campaña se comprometió a llevar a consulta cada dos años su permanencia en el poder.
Entre esos sectores concurrentes se han incorporado los opositores al Proyecto Integral Morelos, que Graco ha tomado como pretexto para el despojo y la represión a quienes, por no haber sido consultados, se resisten a su ejecución.
El momento más tenso y dramático de la presencia de la UAEM frente a palacio de gobierno es cuando el propio rector Vera Jiménez ha llamado a guardar un minuto de silencio por los miles de personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas en México a causa de la inseguridad y la violencia.
En Morelos, donde Graco pidió una gracia de 18 meses para controlar el problema de la inseguridad, según el recuento hecho por el rector Vera Jiménez, sólo en enero se reportaron más de 40 homicidios dolosos, el doble que en enero de 2015, con el agravante de que, ahora en materia de secuestros, miembros de la comunidad universitaria han sido incorporados a la estadística de víctimas.
“Es algo que no hemos superado y difícilmente vamos a superarlo si no cerramos filas”, apunto el representante de la máxima casa de estudios morelense.
En la llamada Marcha de la Dignidad que se ha hecho llegar hasta el Congreso del estado, Vera Jiménez plantea a los diputados 13 demandas -que incluyen el agandalle por Graco hasta de partidas asignadas por la Federación-, que se suman a los compromisos de campaña incumplidos.
Prevalece el conflicto en Temixco
En el marco de esas crecientes expresiones de malestar cívico y político, un juzgado de juicio oral en Cuautla, empezó a fincar responsabilidades penales en contra de funcionarios estatales (sus nombres se omiten en función de presunción de inocencia, según lo previene el código penal) involucrados desde 2014 en inhumaciones y exhumaciones ilegales en un cementerio clandestino de ese municipio, de donde se han rescatado 118 de 159 cadáveres de personas víctimas de ese criminal procedimiento.
En tanto a más un mes y medio del asesinato de la alcaldesa perredista de Temixco, Gisela Mota Ocampo, uno de los detonantes de la crisis política, la normalidad no puede restablecerse en ese municipio donde el relevo en la Presidencia Municipal por la suplente del mismo partido, Irma Camacho García, sigue siendo impugnado públicamente.
La resistencia contra esa sucesión llevó a un grupo de ex seguidoras de la joven política asesinada a instalarse en huelga de hambre frente al recinto del Congreso del estado pidiendo dar marcha atrás a la resolución en favor de Camacho García.
Lo absurdo de los acontecimientos consiste en el hecho de que, quienes se oponen a Camacho García pretenden que sea la madre de Gisela, doña Juana Ocampo, quien ocupe su lugar en el Ayuntamiento.
En ese impredecible contexto, se arrecia la presión a la Cámara de Diputados para que emita la convocatoria a la integración del Consejo de Participación Ciudadana que trataría la revocación de mandato a Graco.
Al plantearse la opción de la desaparición de poderes, cualquier decisión al respecto se llevaría entre las espuelas al Poder Judicial y al Legislativo mismo.
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