Sábado, 21 de Diciembre de 2013 00:36 | 
Author: Molino del Rey | 
| Edición 313 |
Combate a la corrupción,
imperativo impostergable
Como resultado automático de la existencia de un Poder dividido -el Ejecutivo federal frente a un Legislativo con oposición dominante, y la mayoría de las gobernaciones estatales en manos del PRI-, la transición democrática, oteada desde 1997, se frustró en su placenta, y se redujo sólo a alternancia en Los Pinos, acompañada por ex priistas a quienes se confió posiciones determinantes, como fue la cabeza de sector del gabinete económico, la Secretaría de Hacienda, encargada a Francisco Gil Díaz.
El dizque bueno, la mala y la fea.
Lo que aparentemente se prefiguraría como gobierno de coalición, se fracturó con la declaración inaugural de Vicente Fox, quien definiría el suyo como un gobierno de empresarios, por empresarios y para empresarios que, por carecer de una base popular solidaria, desgastó el bono democrático endosado por los votantes al guanajuatense en 2000.
Aunque Fox lograría en su oportunidad atraer a las dirigencias nacionales de los partidos opositores a la firma de un Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, la falta de pericia para la operación política dejó ese acuerdo en mero texto testimonial.
El problema básico del primer Presidente de oposición en 70 años, se detectó en la propia Oficina de la residencia presidencial: La impotencia de la Dirección de Imagen y Opinión Pública para sustanciar en aceptación del gobierno los altos índices de popularidad personal del titular del Ejecutivo. El excesivo protagonismo mediático de La pareja presidencial dio al traste con las expectativas de cambio.
No menos importante, fue la falta de voluntad política para acometer el cumplimiento del compromiso que atrajo la simpatía del electorado: El de entrar a fondo al combate a la corrupción.
Por el contrario, los expedientes más escandalosos de esa peste heredada del priismo populista, parecieron ser un manual práctico para los funcionarios de nuevo cuño, que se engolfaron con prebendas ilícitas, al grado de que -tras doce años de alternancia partidista-, el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado para México por Transparencia Internacional, cayó más de 30 puntos, para situar al país en el sitio 106.
Ahora -con el PRI de nuevo en Los Pinos- resultaría prematuro aventurar oficiosamente calificaciones a un gobierno que sólo tiene un año en ejercicio, si no fuera porque el tiempo apremia y un sexenio se agota antes de que el titular del Ejecutivo lo desearía. Una agencia encuestadora, generalmente reconocida como confiable (GEA-ISA), reveló en agosto que Enrique Peña Nieto perdió en menos de cuatro meses diez puntos en popularidad personal.
En abono a Peña Nieto, puede acreditársele la concreción del Pacto por México como instrumento catalizador y funcional de coincidencias políticas y programáticas de las tres fuerzas partidistas dominantes, con la adhesión de una cuarta que juega el papel de satélite oportunista. Pero una golondrina no hace verano, como lo estamos viendo a la luz del retiro del PRD de dicho pacto.
Francisco Gil Díaz.
Frente al razonable éxito de ese mecanismo de negociación -en particular en el campo legislativo-, de nuevo se presenta en los haberes y debes del gobierno federal el espectro de la corrupción. Es así, porque uno de los compromisos asumidos e incumplidos por el mexiquense, fue el combate a ese degradante fenómeno que agravia a la sociedad toda.
Es indudable que uno de los factores de presión contra el imperativo de limpiar la administración pública, radica en la resistencia de los poderes fácticos, usufructuarios de lo que los sociólogos codifican como economía criminal.
Pero si Peña Nieto ha probado su acerada inflexibilidad en el debate y la oposición a algunas de sus iniciativas -como son las reformas educativa, financiera, hacendaria y fiscal, y la energética-, sería de esperarse que en el tema de la corrupción el Presidente diera pasos firmes y adelante.
A los tres meses de conocida su baja en los índices de popularidad, Peña Nieto declaró en octubre, con voluntad de estadista, que no gobierna para estar bien en las encuestas, sino para la transformación de México en nombre y beneficio de las nuevas generaciones.
Si las nuevas generaciones desertan de la política -la organización chilena Latinobarómetro ha informado recientemente que un alarmante porcentaje de mexicanos cree que México marcharía mejor sin partidos políticos-, esa deserción responde justamente al desencanto de la democracia, preñada de corrupción.
Resulta pertinente e impostergable que, para la salud de la República y la restauración de la confianza en la política, en la agenda 2014 el Ejecutivo ponga a caballo esa asignatura, porqué, como lo advirtiera en su momento José López Portillo, hemos convertido a México en un país de corruptos. La deliberada tolerancia a la impunidad, es madrastra de la decadencia de cualquier sistema político.
Sólo la eficaz reparación de ese criminal entuerto que afrenta a la comunidad nacional, permitirá sacar a México de la categoría de Estado fallido. Si leemos bien los signos de los tiempos, podemos establecer que hay imperativos improrrogables: Contra la corrupción, es uno de ellos.
El viejo PRI cayó del poder presidencial por ese putrefacto déficit; el nuevo, debe validar en los hechos su condición partido transformador. La sensibilidad popular es implacable. No hay opción: O cabestreas o te ahorcas.
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