La nueva guerra del opio

DE TODOS LOS atentados a las garantías individuales y constitucionales, de todos los atropellos a los derechos humanos, ninguno más grave que la decisión de los capos de la droga de: “una vez adicto, siempre adicto y si se quiere regenerar, será sobre su cadáver”.

Hasta el momento, casi 30 personas han sido ejecutadas en distintos centros de rehabilitación del país, en su mayoría en Ciudad Juárez, pero no exclusivamente. El 2 de septiembre, un grupo armado arribó al centro de rehabilitación "El Aliviane", ubicado en la Colonia Bellavista, en donde acribilló a 17 personas y una más murió en el hospital. El otro ataque se suscitó el 15 de septiembre, cuando el grupo irrumpió en el centro de rehabilitación "Anexo de Vida", localizado en la Colonia Pozo Azul, en donde asesinó a 10 personas.

Ya un año antes, en septiembre 22 de 2008, el periódico Reforma publicó una nota en la que La muerte llegó en forma de comando en un centro contra las adicciones, en GAM. “A las 00:00 horas del sábado un grupo de hombres ingresa al Centro de Prevención y Rehabilitación de Adicciones Jóvenes en Acción. En el ataque resultan afectados Fabián Ramírez García, Manuel Leyva Sánchez y Jorge Cervantes Cortés. Los agresores escapan en un Volkswagen Sedan. Cervantes Cortés murió en el lugar antes de la llegada de una ambulancia. Ramírez García y Leyva Sánchez son trasladados al Hospital General de La Villa. La víctima mortal tenía 26 años de edad. Estaba en la segunda etapa de su rehabilitación: la reintegración a la sociedad.

El mensaje es claro, los narcos tenemos el poder de violar los derechos humanos, entre ellos el derecho a elegir si uno quiere consumir drogas o no. La gravedad de esto no tiene paralelo, en primer lugar por la flagrante violación a los derechos humanos de los adictos pero más importante, la incapacidad de las autoridades de garantizarles a esos adictos, su derecho a rehabilitarse.

La gran pregunta es, ¿qué sigue?, o mejor dicho, ¿qué es lo que ya está sucediendo y no nos hemos dado cuenta?. Se rumora, por ejemplo, que en ciudades como Culiacán o la misma Ciudad Juárez, las bebidas que venden los antros son adulteradas o mejor dicho adicionadas con sustancias adictivas. Uno cree que se está tomando una copita y se trata más bien de un cóctel altamente adictivo. Dueños de antros que no se quieran sumar a la guerra del opio simplemente son asesinados.

Otra, en comunidades serranas de la Sierra Madre Oriental, campesinos, que antes sembraban maíz y por dinero cambiaron sus cultivos por la mota, hoy no sólo no pueden volver a sembrar el maíz si quieren conservar su vida pero, lo peor, les compran la mota a un precio inferior al que vendían el maíz. Por lo que si un campesino quiere volver a sembrar maíz no tiene alternativa, se debe ir a trabajar a Kansas.

Otra: en esas mismas comunidades, los narcotraficantes llegan y literalmente se apoderan de las niñas de trece años en adelante mismas que utilizan a su antojo. Las violan, las obligan a tener sexo y prostituirse, las obligan a trabajar de mulas y cargar droga hacia los Estados Unidos.

Todos los ejemplos anteriores, más miles más que son ya moneda de curso cotidiana en el país, demuestran hasta donde puede penetrar el narcotráfico en la sociedad e imponer su ley que, la mayoría de las veces, atenta contra las buenas costumbres, la legalidad y los derechos de terceros. Y demuestra asimismo, hasta donde se ha replegado el Estado impotente. Porque hay que decirlo: en Juárez ya van cuatro ataques a centros de rehabilitación a pesar que la ciudad está tomada por el ejército.

Al igual que millones me pregunto ¿Es esto estarle ganando la guerra al narcotráfico? ¿Es esto ganar espacios y territorios a la delincuencia? ¿Es esto estar ganando conciencias? ¿Es así como se aseguran nuestras garantías constitucionales?

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