Martes, 04 de Agosto de 2009 13:53 | 
Author: Carlos Ramírez Hernández | 
| Edición 215 |
CUANDO DESCUBRIÓ la parte desconocida de la corrupción del sistema político que lo llevó a la presidencia, José López Portillo pronunció una frase para la posteridad: no nos volvamos un país de cínicos.
Pero a la vuelta de los días, la peor parte del deterioro social es justamente el temor de que la mexicana sea ya una sociedad de cínicos.
Hay hechos que dibujan el problema en toda su dimensión. Una indagación judicial llevó el 26 de mayo al arresto espectacular de funcionarios y alcaldes en Michoacán, la mayor parte de filiación perredista pero también del PAN y del PRI. La respuesta política fue de denuncia de persecución por razones electorales. A la vuelta de los días se confirmó que la mayoría de los detenidos efectivamente estaban comprados por La Familia, la mafia que tiene el control de Michoacán.
Las pistas de esa indagatoria llevaron a la revelación de que políticos locales protegían a los narcos. Ahí salió el nombre de Julio César Godoy Toscano como uno de los políticos que apadrinaban a los narcos. Godoy Toscano es medio hermano del gobernador perredista Leonel Godoy. Ante la revelación, el mandatario sólo pidió una investigación imparcial y no proporcionó ninguna evidencia para deslindar a su pariente.
Pero el asunto estuvo mucho más complicado. La pista de Godoy Toscano surgió antes de las elecciones. Y Godoy Toscano era, en ese momento, candidato del PRD a una diputación federal. Ni el PRD ni su medio hermano el gobernador hicieron algo para evitar que un político señalado de tener vinculaciones con el narco participara en las elecciones.
Por razones de voto corporativo, Godoy Toscano ganó las elecciones. Y lo hizo, para mayor asombro político, en ausencia. Sólo que ahora Godoy Toscano y su cómplice, el candidato a diputado por el Partido Verde Ecologista, Saúl Solís, son prófugos de de la justicia porque tienen en su contra una orden de aprehensión.
Hay otros casos singulares. Uno de los candidatos del PRI a una diputación federal por un distrito de Ciudad Juárez, Héctor El Teto Murguía, fue alcalde de la ciudad. Y su entonces secretario de Seguridad Pública fue despedido por datos que revelaban alianzas con narcos, pero con evidencias más que sospechosas: fue detenido por la DEA cuando operaba un tráfico de cientos de kilos de marihuana en los EU. El Teto ganó la elección y hoy es flamante legislador de la próxima legislatura.
Mientras tanto, una muy articulada ofensiva política ha colocado al ejército en el centro de denuncias de presunta violación de derechos humanos. Pero más que la intención de acotar el uso de la fuerza militar en circunstancias especiales de lucha contra un crimen organizado con enorme capacidad de ofensiva, la intención es otra: inmovilizar la única fuerza que tiene el Estado para combatir a la delincuencia, de tal manera que sólo pueda usar las fuerzas policiacas de seguridad pública sin capacidad ofensiva y de suyo penetradas por el crimen organizado.
Los datos de la respuesta violenta de la delincuencia contra el Estado después de las elecciones han llevado a la conclusión de que la participación del ejército en la lucha contra la delincuencia es la última línea de defensa contra unas mafias que, paradójicamente, crecieron al amparo de la pasividad gubernamental federal, estatal y municipal de cuando menos los últimos veinticinco años, desde que el narco operó el asesinato del columnista Manuel Buendía cuando se disponía a denunciar justamente la complicidad de policías, políticos, funcionarios y gobernantes con el narco.
Y luego de las evidencias, la sociedad se quiere espantar con la violación de derechos humanos de los delincuentes en Michoacán, donde el diputado perredista y medio hermano del gobernador resultó un padrino de los narcos.
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