Ecuador en la encrucijada

A LA CABEZA DE LO que llama la « revolución ciudadana», Rafael Correa ya ganó varias elecciones importantes. Elegido presidente a fines de 2006, triunfó en abril de 2007, con un 82 por ciento de los votos, el «Sí» en el referéndum sobre la convocatoria de elecciones generales para designar los miembros de la Asamblea Constituyente (en ese momento todo el establishment y todos los media estaban en su contra). En septiembre 2007, los electores dieron la mayoría en la Asamblea Constituyente a los candidatos de Alianza País, el nuevo movimiento político de Correa, y a los partidos de izquierda que apoyaban su proyecto. El texto de la nueva Constitución fue aprobado por los asambleístas en julio de 2008 después de ocho meses de una elaboración democrática, en el curso de la cual los miembros de la oposición tuvieron ampliamente la oportunidad de presentar proposiciones. El proyecto de Constitución, elaborado con una fuerte participación ciudadana, se sometió a referéndum el 28 de septiembre de 2008 y fue aprobado por más del 60 por ciento de votos. Las elecciones del domingo 26 de abril 2009 confirman así el apoyo popular con que cuenta Correa y los partidos aliados.
Según los resultados provisorios, el movimiento Alianza País obtendría 62 de los 124 miembros de la nueva Asamblea Nacional surgida de la votación del domingo. Los otros partidos de izquierda que podrían aliarse con Correa obtendrían en conjunto una quincena de representantes (7 del MPD, 5 de los municipalistas y 4 de Pachakutik).
La nueva Constitución aumenta la garantía de los derechos culturales, económicos y sociales de la población. Así mismo instaura un mecanismo democrático que permite revocar a mitad de su mandato a todos los cargos electos en todos los niveles, incluido el presidente de la República (es también el caso de la Constitución de Venezuela, vigente desde 1999, y de la de Bolivia desde el año 2009).
Los cambios políticos democráticos en curso en Ecuador son sistemáticamente silenciados por las grandes medias de los países más industrializados. En cambio, se ha orquestado metódicamente una campaña de desprestigio a fin de presentar a estos tres jefes de Estado bajo la repelente imagen de dirigentes populistas autoritarios.
Las experiencias de estos tres países andinos, en término de adopción de nuevas Constituciones, son muy enriquecedoras. Tendrían que inspirar a los pueblos y a las fuerzas políticas de otros países. Basta con comparar la situación de Europa, con la falta de procedimientos democráticos para lograr la aprobación del «Tratado Constitucional». Por supuesto, las experiencias en curso en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador también tienen unas contradicciones y unos límites importantes que se han de analizar.
Los próximos meses mostrarán si, en Ecuador, el gobierno es capaz de tomar medidas para hacer frente a la crisis internacional que afecta gravemente a la población ecuatoriana.

En el frente de la deuda, el presidente Rafael Correa hizo declaraciones muy prometedoras: “Queridos Compatriotas ecuatorianas y ecuatorianos, buscaremos no sólo sancionar a los culpables sino también no pagar la deuda ilegítima, la deuda corrupta, la deuda ilegal; su peso debe ser trasladado por partes iguales a los responsables de adquirirla con títulos espurios, con malas artes, con chantaje, con traición. Cada cual tiene que asumir su responsabilidad, pagar con sus bienes lo que corresponde. Los prestamistas no son menos culpables, los que indujeron compulsivamente, amarraron y coimaron con jugosas comisiones, a como diera lugar, para colocar sus empréstitos ¡Ya basta de tanto saqueo, ya basta de tanto latrocinio ya basta de tanta inequidad! La dignidad y la justicia se inauguraron el 15 de enero del 2007 y demostraremos que somos un país soberano. Hasta la victoria siempre, compatriotas”.
En noviembre de 2008 Ecuador suspendió el pago de una parte de las deudas contraídas por los gobiernos anteriores bajo la forma de bonos (los «bonos global 2012 y 2030»). Las autoridades ecuatorianas tomaron esta decisión basándose en los resultados de los trabajos realizados por la Comisión de Auditoría Integral de la Deuda Pública.
Estos bonos están efectivamente viciados de nulidad dadas las condiciones en que fueron emitidos. El 20 de abril de 2009, el gobierno propuso a los tenedores de dichos bonos que aceptaran una reducción de su valor del 70 por ciento. Su decisión se espera para el 15 de mayo de 2009. Personalmente, como miembro de la CAIC, yo era partidario de poner fin, lisa y llanamente, al reembolso de estos bonos de manera definitiva y de iniciar procesos legales contra los responsables ecuatorianos y extranjeros (esencialmente grandes bancos estadounidenses) por los diversos delitos que cometieron. Al mismo tiempo que anunciaban el inicio de las acciones judiciales, las autoridades ecuatorianas, que estaban convencidas de su absoluto derecho, optaron por una vía más moderada (a semejanza de lo que había hecho Argentina entre 2002 y 2005). El futuro dirá si esta vía permite aliviar de forma duradera el peso del pago de la deuda, pero es improbable. Hacen falta acciones más radicales.
De todas maneras, hasta ahora, el gobierno ecuatoriano es el único en el mundo que haya emprendido, en el curso de los años 2000, una auditoría integral de la deuda pública con una amplia participación pública. El hecho de que otros gobiernos no hayan seguido aún esta vía constituyó un freno para las autoridades de Quito, pues éstas temían verse enfrentadas a un aislamiento internacional. Una nueva crisis de la deuda pública se está gestando como consecuencia de la crisis internacional que se inició en los países del Norte en 2007 [4] . En los meses y los años venideros, muchos países se van a encontrar ante grandes problemas de pago. Es por esto por lo que es importante adoptar una actitud firme para defender el derecho de los pueblos frente al diktat de los acreedores.

* Tomado de Rebelión
Traducido por Raul Quiroz

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