México ante el dilema
¿La guerra o la paz?

Todos los estigmas internos de los que adoleció el régimen priista -que lo condujeron a la pérdida del poder presidencial- fueron, sin embargo, relativamente compensados por la calidad y señorío de su diplomacia, que le permitieron obtener el Premio Nóbel de la Paz -encarnado en la persona de don Alfonso García Robles- como logro culminante de una larga tradición de defensa de la autodeterminación de los pueblos y de la solución pacífica de los conflictos; fincada, esa tradición, desde el inicio del periodo constitucionalista en la política internacional independiente implantada por Carranza y sustanciada tiempo después en lo que hoy se conoce universalmente como Doctrina Estrada.

En la segunda parte del siglo pasado, en plena Guerra Fría, México fue un activo impulsor de las iniciativas de desarme y desnuclearización -Tratado de Tlaltelolco-, la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados y, expresamente para nuestro hemisferio, del Grupo Contadora, plataforma que abrió la ruta a la pacificación de Centroamérica.

La Carta merece trato aparte: Convertida en resolución de la ONU en diciembre de 1974, fue de los primeros compromisos multinacionales que se adelantó a la protección del ambiente y abogó por la conservación de los recursos naturales en favor de los Estados y las poblaciones originarias. Esa idea-fuerza merece subrayarse por la doble implicación que ahora acredita su visionaria dimensión: La interrelación de la defensa de dos soberanías: La energética y la alimentaria, fuentes hoy en crisis que amenaza con la hambruna a la humanidad.

En congruencia con esos postulados humanistas, el Estado mexicano fortificó en esa etapa su dominio sobre su potencial energético; empezó a conceptualizar el principio de soberanía alimentaria y elevó a rango constitucional el Derecho a la Alimentación... hasta que llegó la tecnoburocracia salinista y sentenció que la soberanía nacional no es más que un dogma inservible.

La regresiva ceguera de esos nuevos mandarines socavó los fundamentos de la intervención del Estado en la economía, inició la enajenación de la propiedad de la Nación en sus modalidades prioritaria y estratégica, al tiempo que desencadenó la ofensiva para privatizar el campo, entonces todavía proveedor superavitario de alimentos e insumos para la industria, para dejarlo, con su inmensa población y capacidad productiva, a expensas del usufructo del crimen organizado y de las trasnacionales de la agroindustria aupadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN.)

En el marco de la actual crisis política desatada por la intención de privatizar el petróleo, puede detectarse una evidente correlación: La deliberada desinversión estatal suspendió la exploración y explotación de hidrocarburos en el macizo continental, cuyo enorme potencial se ubica en el sureste. Paralelamente, aprovechando la devastación climatológica en esa región en secular abandono, se auspició despoblación de las comunidades indígenas (a las que nunca llega el auxilio a la damnificación), ya advertida en la iniciativa El sur existe, animada por el gobierno de Ernesto Zedillo, que propuso el cambio en el régimen de tenencia comunal de la tierra. Hace unos días, el Consejo Nacional de Población hizo una elocuente revelación: La creciente tendencia expulsora de mano de obra se ha reorientado de los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco, hacia las entidades del sureste, con particular énfasis en Chiapas. El más lerdo de los tecnócratas sabe que esa expulsión deja a la deriva la propiedad del territorio rural.

Las perversas consecuencias de esa obcecada y deshumanizada ofensiva socio-ideológica desde el poder público están a la vista, no sólo en la petrolizada y enconada crisis política, sino en los ya presentes y criminales desabasto, especulación y carestía de los alimentos, en un cuadro latente desde hace más de una década que informa que uno de los factores enervantes de la pobreza y la miseria de los mexicanos es, precisamente, la pobreza alimentaria, según la codifica la ONU.