Corrupción foxiana:
Pruebas al canto
 

Con la coartada de preservar la imagen y la autoridad del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como garantes de una nueva vía en México para la formación de los poderes públicos, los exegetas del la ilusoria "transición democrática" se hicieron de la vista gorda frente a las bellaquerías en las que, para llevar a Vicente Fox Quesada al poder presidencial, incurrió la asociación de los llamados Amigos de Fox.

Ese percudido manto de complicidad cobijó al guanajuatense desde que empezó a dilapidar el bono democrático que se le endosó en blanco el 2 de julio de 2000 al ceñirse frívolamente la suprema investidura, y cuando, más tarde, inventó el poder en condominio instituyendo la "pareja presidencial", cediendo a su esposa funciones de facto.

El silencio alcahuete en torno a la transgresiva conducta de Fox, se hizo ostensible incluso cuando, al conocerse en 2002 la primera compulsa legislativa sobre su gestión administrativa, se descubrieron infracciones a pasto a la normatividad orgánica que obliga a los poderes públicos, para caso el Ejecutivo.

Desbocada la indiscreta discrecionalidad de "la señora Marta", cada vez más empoderada, según uso que puso de moda, éste fue el flanco más vulnerable de la presidencia de Fox quien, a cada nueva revelación sobre los personales y turbios manejos de su pareja -el símbolo más emblemático del "cambio" serían sus faldas-, denostaba a los acusadores imputándoles envidia o en, el menor de los casos, emplazándolos a que, si disponían de pruebas, las hicieran valer ante las instancias de competencia, sobre las que, por mera casualidad, ejercía fuerza de mando. Estériles resultaron los empeños de las comisiones designadas por el Congreso de la Unión para poner freno a las iniquidades.

Dadas las circunstancias en que llegó a Los Pinos Felipe Calderón, sus detractores, y aun sus adherentes, creyeron pertinente una acción correctiva investigando la corrupción del gobierno saliente, pero desde su arribo a la Secretaría de la Función Pública, su titular Germán Martínez Cázares, como lo ha hecho su sucesor en el encargo, se excusaron de proceder alegando "inexistencia" documental de prueba y ofreciendo "meter las manos al fuego" por la honestidad de Fox y su esposa.

Recientemente, el máximo órgano fiscalizador del gasto gubernamental federal, la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, dio a conocer su reporte sobre la Cuenta Pública de 2006, última del foxiato. En orden de importancia, el dictamen revela que, en el sexenio pasado, el débito público se disparó hasta dos billones 129 mil millones de pesos, al contratarse deuda por más de 603 mil millones de pesos, y se distorsionaron los contratos de los llamados Proyectos con Impacto Diferido en el Gasto Público (Pidiregas), una fórmula perversa para disimular la privatización de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad; distorsión que causó quebranto a las finanzas del gobierno.

Merece separarse el capítulo referente al excedente petrolero, sobre el cual la ASF confirma que durante la gestión de Fox, Hacienda dispuso de más de 719 mil millones de pesos de ingresos extraordinarios que pudieron impulsar el desarrollo económico, no obstante lo cual el crecimiento del PIB apenas promedió en seis años un 3.2 por ciento.