Carente de un concepto y una instrumentación democrática propios en materia de seguridad nacional, a no ser los que le dictan los designios imperiales, el Estado mexicano ha asumido el combate al crimen organizado de manera fragmentaria y coyuntural. Esto es, a la vista del árbol, pierde la noción del gran bosque en el que se refugia el bandolerismo, ejercido ora por especimenes francamente lombrosianos, ora por elegantes bandidos de cuello blanco.

Macabro producto de esa incurable miopía, son los recurrentes y estrepitosos fracasos que se han acumulado desde que la violencia institucional y la economía criminal sentaron sus reales en nuestra Patria, arrojada indefensa a las garras del neoliberalismo, a trote del cual se han inventado toda laya de mastodontes burocráticos que no han servido más que para disparar el gasto corriente del sector público y levantar el espectro de la ingobernabilidad.

Entre esas rémoras burocráticas, están las comisiones "defensoras y protectoras" de los derechos humanos, cuya correspondiente nacional fue un ardid del salinato para arrebatar la iniciativa a la sociedad civil, con sobrada razón mortificada por la incesante violación al Estado de derecho en México. Restringidas a un ámbito de intervención selectiva -no entrometerse en la conculcación de los derechos económicos, laborales o electorales, por ejemplo-, estas instituciones surgieron y actúan sin "dientes", y muchas de ellas -con honradas y honrosas excepciones que confirman la regla-, han devenido satisfacción de tripa de mal año de desempleados que no encontraron en otro mercado ocupación más honorable.

De ello se dio y dio cuenta recientemente, en visita a nuestro país, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, quien culminó sus encuentros con diversas instancias civiles y gubernamentales con la recomendación de que se asuma la delincuencia organizada en toda su integralidad: feminicidios, asesinatos de periodistas, redes de pornografía y pederastia, narcotráfico, etcétera.

En su amplia agenda, la distinguida y preocupada visitante tuvo contactos directos con el Presidente de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y funcionarios de las secretarías de la Defensa Nacional, Gobernación, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores. De ahí que merezca destacarse una de sus conclusiones que tiene el valor de una palmaria acusación: "Los militares han cometido violaciones a derechos humanos en el combate al crimen organizado -violaciones de mujeres y adolescentes, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos y saqueos-, que deben ser investigadas por la justicia civil. Los abusos perpetrados por militares", reafirmó, "deben ser atendidos por tribunales civiles, y no sólo por la disciplina del Ejército".

Conviene subrayar la alta autoridad e imparcialidad que revisten las funciones de la comisionada de la ONU, ajena a filias y fobias políticas de actores domésticos, cuyas denuncias, precisamente por esas características de su militancia, son desoídas y desestimadas por las esferas del poder institucional, llamadas a preservar y proteger las garantías constitucionales de los mexicanos.

En la recomendación de extender la jurisdicción de los tribunales civiles en la sanción a los militares transgresores, existe, sin embargo, un claro signo en la percepción de la señora Arbour que, acaso por discreción, no planteó en toda su perversa dimensión: la desconfianza ciudadana en los jueces, magistrados y ministros en los casos en que éstos atienden las denuncias de las víctimas, también civiles; es decir, cuando a los infractores y sus juzgadores no los protege el fuero castrense.

Por eso no puede echarse en saco roto la cuestión capital de la proposición de la alta comisionada, en el sentido de que gobierno y legisladores acometan y concreten la reforma de la Constitución y del sistema de justicia penal, para que las normas de derechos humanos adoptadas y firmadas por México en los tratados internacionales, "reciban el rango constitucional y sean aplicadas como ley suprema en los procesos que se llevan ante los tribunales".