Fueron casi tres meses de una violación flagrante y sostenida a un artículo transitorio que ellos mismos habían redactado; era de suponer entonces que, por lo menos, siendo la falta tan evidente, las fracciones parlamentarias de los llamados tres partidos "mayores" harían las cosas si no bien al menos lo menos mal posible, pero no, está visto que creer que en México los diputados se asumirán alguna vez como representantes de sus electores no pasa de ser un deseo utópico; son, han sido y serán sólo miembros de SU partido (el que sea) y responderán exclusivamente a sus intereses partidarios.

Nada habría que decir al respecto si en la Constitución se señalara que los legisladores llegan a ocupar y desempeñan el cargo en calidad de representantes de sus respectivos partidos, porque entonces lo que han estado haciendo sería antidemocrático e inequitativo pero constitucional; si ese fuera el caso se tendría que luchar para cambiar tal precepto… pero no lo es.

La Constitución no deja lugar a dudas: Para ser parte del poder legislativo es condición indispensable el haber sido electo por la mayoría de los ciudadanos de un distrito electoral; por ello es que deben realizar campaña de proselitismo y convencer a los ciudadanos que él o ella es la persona idónea para representarlos y legislar para garantizar el pleno ejercicio y disfrute de sus derechos constitucionales al tiempo de imponer las sanciones, vía desafuero, a que se hicieran acreedores quienes, aún siendo electos, se apartaran de su función fundamental de representar a sus electores.

El problema es que, tal como han venido actuando en esta etapa de "madurez democrática" en nada es diferente a los tiempos del "carro completo" del viejo presidencialismo; de sancionar a quienes lejos de representar a sus electores se asumen como defensores de los intereses de sus respectivos partidos, sencillamente todos (o casi, por si hay todavía un legislador decente), tendrían que autodesaforarse casi en automático.

No es siquiera necesario discutir las trayectorias políticas y currículas personales de los nuevos integrantes del que se supone será un NUEVO IFE, la forma en que fueron nombrados ya de por sí los incapacita para cumplir las funciones de garantes ciudadanos de los procesos electorales.

Y no por que sus historias de vida sean o no cuestionables, no por otra razón que la muy evidente, fueron nombrados sin considerar y ni siquiera convocar a la opinión ciudadana; las razones de sus nombramientos están presentes sólo en los escritorios y mentes de quienes negociaron literalmente su nombramiento.

Los posibles resultados de estas ocultas negociaciones, tan ocultas que tampoco consideraron las opiniones de los llamados partidos "menores", no son hipotéticas; la experiencia es demasiado reciente y dolorosa: De la misma manera, con los mismos vicios fueron nombrados los integrantes del IFE ugaldista.

A nadie le queda duda que así nombrados los consejeros, harán todo lo posible (y dejarán de hacer lo que sea necesario), para que los procesos electorales se ciñan estrictamente a los intereses de quienes los nombraron.

No se trata de ser "ave de mal agüero". En los orígenes está el destino; cualquier persona que esté enferma sabe que para curarse debe ir al médico, para llegar a, digamos Monterrey, debe tomar el camino del norte, para que nazca una planta de maíz debe sembrar precisamente esa semilla; si en esos caso el ciudadano acude al zapatero, toma la carretera a Cuernavaca o entierra un tornillo lo seguro es que no sanará, jamás llegará a Monterrey y nada florecerá donde se sembró el tronillo.