El olor a podrido castiga a cientos de miles de tabasqueños que ya no sienten lo duro, sino lo tupido. Sus esfuerzos por reconstruir lo arrasado por las inéditas tormentas se topan, a cada instante, con las naturales reacciones fisiológicas a lo podrido. Les duele el alma, les molestan los hongos, les aquejan las diarreas y los incontrolables espasmos. El incontrolable hedor les hace preguntarse una y otra vez "¿era inevitable la tragedia?".

Todos los indicios apuntan a que no, a que tanto las autoridades estatales como federales, pasadas y presentes, tenían conocimiento de la vulnerabilidad del Edén y que, por lo tanto, estuvieron en posibilidades de prevenirla.

De hecho en 1999 ocurrió otra inundación que afectó al 60 por ciento de la ciudad de Villahermosa y a 16 de los 17 municipios del estado. Cifras dadas por la Comisión Nacional del Agua calculan que 312 mil personas resultaron afectadas en su patrimonio y que las pérdidas materiales, en ese entonces, fueron del orden de los 500 millones de pesos.

Cuatro años después de esa primera tragedia, el gobierno federal y el de Tabasco acordaron aplicar el Proyecto Integral contra Inundaciones (PICI). La Federación se comprometió a aportar el 72 por ciento de los recursos y el estado el 28 por ciento restante.

Los objetivos del PICI eran los de proteger al 77 por ciento de la población y al 83 por ciento de la superficie cultivable de Tabasco. La propia Comisión Nacional del Agua informó el 18 de noviembre del 2005 que el PICI sumaría, a finales de ese año, una inversión de mil millones de pesos, de un total de dos mil 600 millones de pesos y estimó que al concluir el 2006 se evitarían daños potenciales por más de 16 mil millones de pesos.

El PICI contemplaba la construcción de 179 kilómetros de bordos, 190 kilómetros de drenes y tres estructuras de control para proteger directamente a más de 370 mil personas, además de rescatar 25 mil 400 hectáreas de tierras productivas, 20 mil de uso pecuario y cinco mil 400 de uso agrícola.

Tan loables propósitos no se cumplieron. La pregunta es ¿por qué?

El 27 de junio del 2006, a escasos cinco meses y tres días de concluir su mandato, el jefe del Ejecutivo, Vicente Fox, encabezó la presentación de los avances del Proyecto Integral contra Inundaciones en el Parque Tabasco, de Villahermosa.

Fox declaró en ese marco que "Tabasco se está transformando" y a propósito de los avances del PICI dijo textual: "A veces, cuando va uno viendo todos los días lo que va sucediendo, se pierde un poco la capacidad de evaluar y de ver en un sólo instante las transformaciones que se están dando en este estado".

En medio de tanto optimismo, el saliente primer mandatario reconoció que la obra quedaría inconclusa Tales fueron sus palabras: "Para terminar, acabo de comentar con (el gobernador) Manuel (Andrade) y lo que vamos a hacer, porque falta un tramo aquí, como nos falta un tramo en todo.

Ya le ganamos terreno a la pobreza, pero nos falta un montonal; ya le ganamos terreno al agua potable y a los drenajes, pero nos falta un montonal; ya le ganamos terreno a las carreteras, pero nos falta un montonal.

Entonces, como falta aquí el agua lo que podemos hacer ahora es meter ese remanente al presupuesto del 2007 para que no pare la obra, siga y terminemos cuanto antes".

Lo cierto es que el Proyecto Integral Contra Inundaciones (PICI) fue dejado a medias por el gobierno de Fox, pese a que tenía muy claro el objetivo de disminuir de manera significativa el riesgo de una inundación catastrófica y de señalar la necesidad de continuar la construcción "de las obras de regulación y control de caudales que se requieren para proteger a la población". (El Universal, miércoles 7 de noviembre de 2007, primera plana.)

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, el legislador perredista Antonio Soto, declaró que los gobiernos de Roberto Madrazo y Manuel Andrade recibieron recursos federales por dos mil 400 millones de pesos para obras hidráulicas. Petróleos Mexicanos, por su lado, les donó otros mil 500 millones de pesos, además de que el Congreso del Estado les liberó otra partida de 400 millones de pesos para los mismos fines. La suma de esos recursos da un total de tres mil 300 millones de pesos que bien pudieron ser aprovechados para construir bordos y represas. Sin embargo, denuncia el diputado Antonio Soto, no se hizo.

Otro legislador, el priista Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión para la Reforma del Estado de la propia Cámara de Diputados, advierte que las administraciones de Ernesto Zedillo y Vicente Fox son corresponsables de la catástrofe de Tabasco. "Estas tragedias suceden -apunta- cuando no se hacen las inversiones; cuando en el gobierno hay negligencias y no se invierte en lo que se debía de haber invertido, que en este caso no se invirtió en las presas que están en Chiapas. La Comisión Nacional del Agua y la CFE (Comisión Federal de Electricidad) no realizaron las inversiones que, desde 1999, estaban señaladas como necesarias". Bernal advierte que el gobierno foxista debió haber incrementado en 20 metros la cortina de la presa Peñitas, pero tampoco lo hizo. Según él, el gobierno de Felipe calderón pudo haber reforzado la estructura hidráulica del sureste mexicana con los 70 mil millones de pesos que presenta de subejercicio.

Otro testimonio digno de tomarse en cuenta es el del secretario de Protección Civil del Distrito Federal, Elías Miguel Moreno Brizuela, quien al frente de más de 400 especialistas se trasladó a Tabasco a brindar ayuda a la población damnificada.

El funcionario capitalino declaró al autor del presente artículo que sí hay responsabilidad humana en las inundaciones de Tabasco. "Lo que está diciendo la ONU –subraya- es que se trató de errores humanos, porque ya vimos con nuestros expertos que no fueron provocadas por lluvias, sino por la apertura de una presa, la presa Peñitas, que está en el estado de Chiapas".

El diputado Bernal, nos dice por su parte, que se abrieron las compuertas de la presa Peñitas sin tomarse las debidas previsiones de protección civil y sin avisarle al gobierno de Tabasco.

Por lo pronto, la mitad de los tabasqueños, alrededor de un millón, lucha todos los días por salir adelante. Lucha contra las calamidades traídas por el agua y por presuntas negligencias.

Esa gente no sólo soporta el hedor provocado por los restos de los animales en descomposición, sino que tiene que aguantar el nauseabundo olor de la corrupción.

Los tabasqueños tienen derecho, primero, a recibir toda la ayuda necesaria, pero también a conocer la verdad. No para que ejerzan una venganza justiciera, sino para recibir justicia. Y, en segundo lugar, a que se construyan las obras necesarias para prevenir otra tragedia.